El legislador porteño, Juan Manuel Valdés, se mostró contundente al criticar al Gobierno nacional tras la promulgación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Valdés sostuvo que la verdadera intención del Gobierno no es financiar un sistema del que dependen miles de familias. Al respecto, el presidente de la Comisión de Discapacidad de la Legislatura porteña profundizó su preocupación por el grave deterioro en el que se encuentran quienes necesitan de prestaciones, tratamientos o pensiones para su bienestar.
El legislador cuestionó los anuncios sobre el Presupuesto 2026 y la Ley de Emergencia en Discapacidad. “Quisiera saber por qué no lo reglamenta ya. Lo que fijen para la discapacidad va a estar por debajo de la inflación, que no nos tome por tontos”, afirmó Valdés.
En esa línea, remarcó que el gobierno fijó valores de hora profesional que vuelven insostenible el servicio de muchas instituciones, poniendo como ejemplo a las escuelas que no pueden cubrir los costos de la alimentación de los alumnos con los tres mil pesos que les asigna el Estado por día por cada niño.
Valdés también se refirió a la narrativa oficial de un presunto “fraude” en las pensiones por discapacidad. Defendió la compatibilidad de estas pensiones con la Asignación Universal por Hijo (AUH), sosteniendo que no se trata de sectores que busquen enriquecerse, sino de personas en extrema vulnerabilidad. El legislador lamentó la falta de voluntad para reasignar fondos existentes y enfatizó que el universo de beneficiarios es de 1.100.000 personas, una cifra manejable para el Estado.
Sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, el legislador porteño se mostró escéptico. Aseguró que la promulgación no garantiza que las partidas comiencen a aparecer, y puso la lupa en la falta de convocatoria al directorio para fijar los valores de las terapias. Valdés calificó de “ridícula” la posición oficial y remarcó que los fondos para esta emergencia representan solo el 0,025% del PBI, una suma que el Gobierno podría reasignar si tuviera la voluntad política de hacerlo.
El legislador comparó el sistema de seguridad social argentino con el de otros países de la región, destacando que el sistema nacional de prestadores permite el acceso a tratamientos y terapias que de otro modo serían impagables. Hizo especial énfasis en que una escuela especial puede atender a niños de todos los sectores socioeconómicos, ya que la prestación está cubierta y no depende del ingreso familiar. Para que esto continúe siendo así, Valdés insistió en la vitalidad del nomenclador, que garantiza una prestación igual para todos.
Valdés no dudó en criticar el estilo de comunicación presidencial, calificándolo como una estrategia política más que una genuina preocupación. En ese contexto, se refirió al episodio en el que el propio Presidente fue acusado de hostigar a un joven con autismo, calificando el hecho de “horrible” y lamentando que se señale a un ciudadano en lugar de tomarlo como ejemplo de superación. A su vez, acusó al Presidente y su hermana de “estafar a un sector vulnerable”.
Para cerrar su intervención, el legislador porteño resaltó el peso de la comunidad con discapacidad en el país, que alcanza casi los cinco millones de personas si se considera también a sus familias. Valdés concluyó que este es un sector vulnerable que necesita que el Estado cumpla de verdad con sus obligaciones. “La comunidad con discapacidad es el eslabón más débil de la cadena. Necesitamos que el Estado cumpla de verdad”, sentenció.