Unión por la Patria (UP) anunció que buscará reunir mayoría en el Congreso para derogar los DNU del Poder Ejecutivo que reformaron la estructura de las fuerzas de seguridad. El bloque opositor insiste en que la emergencia de seguridad no fue parte de la Ley Ómnibus, por lo que los decretos delegados carecen de respaldo legal.
Una de las reformas implementadas por el nuevo marco legal de las fuerzas consiste en la transferencia de la PSA, la PNA y el SPF al Ministerio de Seguridad de la Nación, liderado por Patricia Bullrich. Anteriormente, estas instituciones estaban distribuidas entre el Ministerio del Interior (PSA), la Armada Nacional (PNA) y el Ministerio de Justicia (SPF). Además, con la introducción de los DNUs, todas las fuerzas federales se integran en el nuevo esquema del Sistema Nacional de Inteligencia.
Los representantes del Gobierno ante la comisión, presidida por el senador Martín Goerling Lara (PRO), fueron Diego Freitas Ortiz de Rosas, director nacional de Transformación Institucional del Ministerio de Seguridad de la Nación, y Federico Tassara, director de Ingreso y Carrera.
Según Ortiz de Rosas, las medidas buscaron “redefinir las misiones y reestructuración” de las fuerzas; “priorizar recursos”; y lograr el “fortalecimiento de recursos humanos”, la “modernización técnica” y una nueva “gobernanza”. El principal argumento de los funcionarios para defender los decretos delegados fue que “las fuerzas federales se encuentran dentro de la administración” y, como la reforma de la administración pública forma parte de la Ley Bases, el Gobierno estaba habilitado a tomar esa decisión.
Como única voz de La Libertad Avanza (LLA) en la comisión, el diputado Santiago Pauli se lamentó de no haber debatido estos temas antes en el Congreso, aunque agregó: “Me atrevo a dudar que ese consenso hubiera existido si se hubieran enviado proyectos. Ya tuvimos proyectos que apuntaban a más seguridad y no lo logramos”.
Pero desde Unión por la Patria (UP) señalaron que la declaración de Emergencia en Seguridad fue retirada de la ley ómnibus. “Estas modificaciones van más allá de lo que expresaron los legisladores. Son cambios ilegales, hay una sobrepaso del Poder Ejecutivo. No se debe temer al debate democrático”, afirmó el diputado José Glinski, quien criticó que las reformas no se hayan debatido en el Congreso.
“Asimismo, la Constitución prohíbe la firma de decretos en cuestiones penales”, comentó la diputada Carolina Gaillard, quien también indicó que desde este martes los legisladores están autorizados a discutir el decreto en el recinto para rechazarlo. Los DNU, al igual que los decretos emitidos bajo facultades delegadas, deben ser analizados por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Este organismo debe emitir un dictamen de aprobación o rechazo para que el asunto sea presentado en el recinto. No obstante, si la Comisión no evalúa la medida en un plazo de diez días hábiles, las Cámaras pueden llevarla al recinto.
El objetivo de los legisladores peronistas es abordar primero la reforma de la Policía Federal, un aspecto que podría ser incluido en la próxima solicitud de sesión. Se anticipa que el tratamiento de los decretos se realice en los recintos después del receso legislativo, programado para agosto.
