Quince años después del inicio de una causa judicial que exigía acceso seguro a la electricidad, los pobladores de la Villa 21-24 Zavaleta continúan expuestos a una situación crítica: el 93% de las viviendas presenta riesgo eléctrico.
Así se advierte en el informe “Acceso seguro a la energía eléctrica en Villa 21-24 Zavaleta”, elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación TEMAS y el Observatorio Villero de La Poderosa.
El relevamiento, realizado en el barrio popular más extenso y poblado de la Ciudad de Buenos Aires —con una población estimada en 80 mil personas, de las cuales el 40% son niños, niñas y adolescentes—, evidencia un panorama alarmante en torno a las condiciones habitacionales y a la falta de infraestructura segura.
Según el estudio, la electricidad se convirtió en una necesidad vital y, al mismo tiempo, en una fuente de peligro constante. El 68% de las viviendas presenta filtraciones y el 75% humedad, lo que incrementa el riesgo de contacto entre el agua y las instalaciones eléctricas. Además, el 94% de los hogares calefacciona exclusivamente con electricidad, en un contexto donde no existe el tendido de la red de gas natural.
Las interrupciones del servicio son otro factor crítico: el 92% de las familias sufrió cortes de suministro durante 2024 y más de un tercio los padece al menos una vez por mes. Estas fallas no sólo afectan a la vida cotidiana, sino también a los medios de subsistencia: el 28% de los hogares perdió electrodomésticos o herramientas de trabajo y el 10% sufrió incendios por fallas eléctricas producidas ante el regreso de la corriente tras los cortes.
La emergencia eléctrica en el barrio llegó a la Justicia en noviembre de 2010, cuando vecinos y vecinas, junto a ACIJ y el Ministerio Público de la Defensa porteño, presentaron una acción de amparo colectivo contra el Gobierno de la Ciudad. Tres años después, en 2013, la Justicia le dio la razón a la comunidad y ordenó al Ejecutivo porteño elaborar un “Proyecto Eléctrico Adecuado” para garantizar el acceso seguro a la energía.
La sentencia estableció que el proyecto debía ajustarse a los estándares técnicos del ENRE e incluir mejoras en la red pública, adecuaciones en las instalaciones internas de las viviendas, campañas de prevención y la asignación presupuestaria específica. Se fijó un plazo de 45 días hábiles administrativos para su presentación, que nunca fue cumplido.
Durante más de una década, el Gobierno de la Ciudad no avanzó en la implementación del plan y el juzgado a cargo de la ejecución de la sentencia tampoco tomó medidas efectivas para exigir su ejecución.
Recién a comienzos de 2025, la gestión de Jorge Macri presentó un proyecto que prevé la instalación de 22 transformadores en cuatro etapas, aunque su cumplimiento quedó atado a la “disponibilidad futura de recursos”, una formulación que, en los hechos, posterga nuevamente las obras.
Según las organizaciones que intervienen en la causa, el proyecto por el cual el Gobierno porteño pretende responder su obligación judicial contiene “limitaciones estructurales que impiden considerarlo una respuesta adecuada a lo dispuesto por la sentencia”.
Entre sus principales debilidades, destacaron que no explicita sobre qué dato poblacional proyecta la demanda eléctrica, la ausencia de cronograma de las obras y que no detalla ni estima el presupuesto necesario para su ejecución y las obras están subordinadas a la disponibilidad de recursos futuros, sin comprometer partidas específicas.
“A pesar de que se presenta como una respuesta institucional al fallo judicial, el plan mantiene una lógica fragmentaria y carece de garantías reales de cumplimiento. Más que saldar una deuda histórica, parece orientado a formalizar un cumplimiento parcial, sin reparar las condiciones estructurales de riesgo que dieron origen a la causa”, resaltaron.
“El riesgo eléctrico es una forma de exclusión urbana”
Desde ACIJ, TEMAS y La Poderosa advirtieron que la falta de acceso seguro a la energía vulnera derechos básicos y pone en riesgo la vida de miles de familias. “El riesgo eléctrico no debe entenderse como un problema individual o doméstico, sino como el resultado de decisiones —u omisiones— institucionales”, señalaron.
“Villa 21-24 Zavaleta no necesita más diagnósticos ni compromisos a futuro: necesita respuestas concretas, presupuesto ejecutado y una decisión institucional clara del Gobierno de la Ciudad de cumplir de manera urgente con sus obligaciones y del Poder Judicial de no consentir más dilaciones”, remarcaron.
La preocupación se agrava en el contexto del Presupuesto 2026, que prevé una reducción del 14,5% en términos reales para el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), el nivel más bajo de los últimos catorce años.
Mientras tanto, en las calles angostas y en los pasillos de la villa, se observa la ausencia de criterios acerca de las instalaciones eléctricas mínimas establecidas por la normativa vigente. Los cables cuelgan a baja altura, se apoyan sobre techos de chapa, sobre balcones o sobre muros húmedos y conviven con árboles, rejas, estructuras metálicas y postes de alumbrado.
Estas condiciones no sólo generan riesgo directo de descarga para quienes circulan cotidianamente por el barrio, sino que favorecen los cortocircuitos, las fluctuaciones de tensión y los cortes reiterados del suministro.
El riesgo eléctrico es la posibilidad de sufrir daños físicos, materiales o incluso la muerte por contacto con instalaciones eléctricas inseguras. Este peligro surge por factores como conexiones informales, tendidos defectuosos o sobrecarga de equipos, especialmente en contextos de urbanización informal, donde no hay un sistema eléctrico planificado ni mantenido adecuadamente.
El peligro incluye efectos directos, como descargas, incendios y pérdidas materiales y efectos indirectos, como el acceso deficiente a la energía, que impide realizar actividades básicas —conservar alimentos, calefaccionar, usar equipos médicos— afectando derechos esenciales, como la salud, la alimentación y el acceso al agua.
También se destaca la dimensión ambiental, ya que el cambio climático agrava el problema, con fenómenos extremos que afectan más a viviendas precarias.
Por último, el riesgo tiene un impacto desigual: mujeres, niños, personas mayores y con discapacidad están más expuestos, porque pasan más tiempo en el hogar y sufren de manera más directa las consecuencias de la inseguridad eléctrica.
A modo de conclusión, las organizaciones resaltaron que “sigue sin existir un plan público integral de mejoramiento del sistema eléctrico del barrio. Las intervenciones realizadas han sido fragmentarias, sin cronograma, sin criterios de priorización ni mecanismos de monitoreo o participación comunitaria”.
Para las organizaciones, la deuda no es sólo judicial, sino también social y política. Reclaman que el Gobierno porteño asigne presupuesto específico y ejecute las obras necesarias y que el Poder Judicial de la Ciudad garantice el cumplimiento efectivo de una sentencia que ya lleva 15 años sin hacerse realidad.
