En medio de la incertidumbre que rodea el futuro del Instituto Nacional de Semillas (Inase), se ha revelado que esta entidad presenta una notable dependencia de contratos temporales: el 74% de su personal está contratado, en contraste con solo el 19% que es permanente.
En este escenario, desde el gremio han señalado que la posible transformación del organismo en una dirección nacional podría amenazar su operatividad estructural. Según un expresidente, dichos cambios están politizando la entidad y podrían impactar negativamente en las inversiones futuras en el sector agropecuario.
La resolución ha sido comunicada a los empleados: Gloria Gómez y Darío Littieri, representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el Inase, informaron que, debido a las modificaciones en el Inase, este organismo sufrirá una notable disminución en su masa crítica, quedando con un personal mínimo bajo contratos temporales.
Esta forma de contratación, que carece de estabilidad y de un desarrollo profesional, provoca inseguridad y precariedad, sobre todo teniendo en cuenta que los contratos son renovables únicamente hasta diciembre.
Señalaron que menos del 25% del personal no es profesional y un 75% es profesional, un dato importante tratándose de un ente técnico cuya misión principal abarca la fiscalización, control y tareas ligadas a la biotecnología. “Hay algunos que se están yendo solos. Los contratos se los renuevan con esta modalidad y quienes tenían contratos hasta diciembre corren peligro, porque están con la idea de la centralización del Inase, con las áreas que son una duplicación”, agregó Gómez.
El 74% de los 245 trabajadores corresponde a 182 personas contratadas, mientras que solo 46 son de planta permanente (19%). Con el plan del Gobierno empleados contratados de las áreas como administración, recursos humanos, legales, comunicaciones, informática y auditoría, bajo el argumento de que son “funciones duplicadas” dentro de la Secretaría de Agricultura, quedarían al margen del organismo.
Solo subsistirían áreas puramente técnicas como Fiscalización, Calidad (laboratorios) y Registro de Variedades. Además, existe incertidumbre respecto al futuro de las delegaciones regionales, lo que podría resultar en la exclusión del 50% del personal en promedio. Según lo manifestado por los delegados, el Inase opera como un “organismo escuela”, donde el personal administrativo debe adquirir conocimientos técnicos necesarios para llevar a cabo tareas complejas, que van desde la organización de ensayos hasta el control del etiquetado y la fiscalización en campo. “Muchos trabajadores entraron por recomendaciones técnicas o convocatorias abiertas, y se formaron dentro del organismo con años de experiencia específica”, añadió Gómez.
El recorte no solo afecta al capital humano: el Inase ya operaba con una plantilla inferior a la considerada óptima en 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando se realizó el análisis de personal y se determinó la estructura mínima necesaria para el ente. Hasta el momento, no se ha restaurado la cantidad óptima de personal para llevar a cabo las tareas: al inicio del gobierno de Milei, 22 personas fueron despedidas, pero en enero pasado fueron reemplazadas por otras 15, según datos del gremio.
El ánimo entre los trabajadores es de angustia e “incertidumbre”, según señalaron en el gremio. “La gente está muy mal, porque todos los días están esperando el decreto. Empieza a correrse la bolilla sobre el listado de los despidos”, agregó Gómez. Littieri, además, señaló que en estos casos muchos de los trabajadores se va a ir sin una indemnización al tener contratos hasta diciembre: “Eso también juega en la cabeza de los compañeros, que una vez que salga el decreto te vas sin indemnización y sin nada como sostenerte en el tiempo”.
Uno de los que conoce la función del Inase es Carlos Ripoll, expresidente de este organismo entre 2006 y 2013. Según advirtió degradarlo a una dirección dentro de la estructura estatal es “una muy mala señal para el sector agropecuario y para los inversores”.
Recordó que el Inase fue creado como un organismo autárquico y técnico en 1991, sucediendo al anterior Servicio Nacional de Semillas, y que su autonomía ha sido fundamental para lograr eficiencia, reconocimiento a nivel internacional y un superávit en su presupuesto. “El Inase se convirtió en un modelo en América Latina; representantes de varios países vinieron a estudiar su funcionamiento”, rememoró Ripoll. Destacó que el instituto no solo regula el comercio de semillas, sino que también gestiona la propiedad intelectual, un aspecto crucial para el desarrollo del sector. “Pocos organismos integran ambos elementos, lo que lo convierte en un ente estratégico”.
Durante su gestión, explicó, el organismo contaba con un equipo altamente calificado, técnicos especializados y acuerdos con provincias que facilitaban la implementación de la Ley de Semillas en todo el país. Su presupuesto anual oscila entre 15 y 20 millones de dólares, sin depender de aportes del Estado, y además genera superávit, a pesar de contar con siete delegaciones en el interior del país.
“Reducir gastos no puede ser una excusa para desmantelar una estructura que es eficiente y que, además, aporta recursos al Estado. Si el argumento es la reducción de costos, muchas personas en términos generales no justifican su rol, y son a esos a quienes se debe considerar. Este es un organismo técnico. Es vital analizar detenidamente antes de tomar decisiones sobre su futuro”, afirmó.
Ripoll recordó que, durante el mandato de Fernando de la Rúa (1999-2001), ya se había intentado clausurar el Inase, y esa experiencia demostró que su función es crucial. “Se rectificó esa decisión porque quedó evidente que sin Inase no se podía asegurar la calidad ni la identidad de la semilla que llega al productor”, subrayó.
“Esto es una indicación de que el Gobierno no considera importante el tema de las semillas. Esto desanima a los inversores, quienes observan con interés lo que sucede con este tipo de organismos técnicos. Si se menoscaba a una entidad como esta, no sería una buena señal”, expresó. También advirtió que el Inase tiene presencia y liderazgo en foros internacionales, como la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), lo cual también está en peligro.
Para Ripoll, el avance sobre el Inase ignora que “la semilla es el insumo más crítico de toda la producción agropecuaria”. Afirmó que el éxito de una siembra depende en un 50% —o incluso más— de la semilla empleada. “Ningún país serio pasa esto por alto”, afirmó. Y concluyó: “Si hay aspectos que deben corregirse, se corrigen. Pero no se destruye un instituto fundamental. La gente que se va es personal capacitado; doy fe de ello”.