Un grito por la inclusión: protesta masiva contra el ajuste en discapacidad

Un grito por la inclusión: protesta masiva contra el ajuste en discapacidad

Organizaciones, familiares y prestadores de servicios marcharon al Congreso de la Nación.


Grupos que trabajan con personas con discapacidad, junto a familiares y prestadores de servicios, marcharon hacia el Congreso de la Nación y bloquearon las calles cercanas en protesta contra los recortes que impactan en este sector. La convocatoria es una respuesta a un desfinanciamiento que ha perdurado por años, aunque señalan que se ha intensificado en el último año debido a decisiones del actual gobierno nacional. En este marco, la acción tiene como propósito exigir la declaración de la Emergencia Nacional en Discapacidad, que se discutirá la próxima semana en la Cámara de Diputados.

Lo que comenzó con semáforos en las intersecciones de Rivadavia e Yrigoyen, culminó en un bloqueo de la calle entre ambas avenidas a la altura de Entre Ríos, frente al palacio legislativo nacional, a medida que aumentaba la afluencia de personas durante la mañana. Con cánticos, pancartas y distintivos, se reunieron diversas organizaciones, grupos e instituciones que llegaron desde diferentes zonas del AMBA, tales como Andalican, Addei, Fundaipa, Proyecto Haser, Includere, Lazos, el Centro Educativo Terapéutico, Discapacidad Unidos Zona Sur, AmaRed, el Instituto Dejarlo Ser de Adrogué y Prestadores CABA Agrupados, entre otros.

Gran parte del reclamo se centra en la falta de incremento de los aranceles establecidos en el Nomenclador de Prestaciones Básicas, que determina las compensaciones que las obras sociales y prepagas deben abonar a los proveedores de servicios en el ámbito de la discapacidad. “En la actualidad, estamos recibiendo 12.370 pesos por sesión según el nomenclador nacional. Honestamente, es una miseria”, expresó Malena Amarilla, licenciada en psicología y fundadora del equipo terapéutico conocido como AmaRed.

En paralelo, hay una solicitud urgente para acelerar las auditorías, donde se manifiesta una falta de comunicación entre las partes que componen la mesa directiva del Sistema Nacional Único de Salud para Personas con Discapacidad, presidida por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Este mismo reclamo se extiende a la lentitud en la aprobación de las pensiones. En ambos casos, el Gobierno sostiene haber identificado diversas irregularidades en las adjudicaciones de administraciones anteriores, además de que el ministro Mario Lugones afirmó que “el sistema de salud está en terapia intensiva debido a años de desmanejo y mala gestión”.

“Llevamos mucho tiempo enfrentando un déficit, pero es la primera ocasión en 23 años que nos vemos obligados a detener nuestras actividades, ya que la situación se ha vuelto completamente insostenible. Actualmente, estamos un 73% por debajo de la inflación. Los profesionales de apoyo están recibiendo 307.000 pesos por laborar cinco días a la semana, durante cuatro o cinco horas al día”, afirmó, cerca del Congreso de la Nación, Elizabeth Karina Foschi, presidenta de la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa (Casaie), que agrupa y representa a más de 20.000 niños y jóvenes con discapacidades.

La movilización busca visibilizar el desmantelamiento de la Ley 24.901, que fue aprobada en 1997 y establece un marco de servicios esenciales para la habilitación y plena recuperación de las personas con discapacidad en el país. De igual manera, la Ley 27.044, sancionada en 2014, confiere rango constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Argentina, con el fin de promover o modificar iniciativas legislativas, ejecutivas y administrativas que sean necesarias para garantizar derechos fundamentales como una vida digna, educación, salud, rehabilitación, cobertura social y empleo para las personas con discapacidad.

“Los niños están realmente en una situación de vulnerabilidad en áreas como la educación, la salud y el trabajo”, comentan. Las regulaciones actuales contemplan acciones de prevención, asistencia, promoción y protección con el propósito de garantizar atención integral que cumpla con sus necesidades. Sin embargo, hoy en día, una persona con discapacidad que trabaja en un taller protegido recibe un salario de 28.000 pesos. “Desde febrero de 2023, esa cifra no ha sido actualizada”, subrayó Foschi.


Situación alarmante

Según Nayla Quintana, directora de la Asociación Civil del Desarrollo para la Educación Integral (Addei), “la realidad de las personas con discapacidad, sus familias, los profesionales y las instituciones que defienden sus derechos es tan complicada como preocupante debido a las diversas políticas que está llevando a cabo el Estado Nacional”.

Y añadió: “Hemos enfrentado numerosos momentos críticos, pero este es, sin duda, uno de los más complicados”. La entidad señalada por la violación del sistema es la Andis, cuyo director es Diego Spagnuolo. “Él es el que debe rendir cuentas por esta situación. No dice nada, hay un silencio significativo”, criticó.

La movilización tuvo un carácter nacional, ya que se replicó en otros de los principales centros urbanos de la República Argentina. Entre esos lugares, se destacan las manifestaciones en la Legislatura de Mendoza, la Plaza Centenario de Córdoba Capital y la Plaza San Martín de Cosquín (Córdoba), el Centro Cívico de Bariloche (Río Negro), la Plaza 9 de julio de Posadas (Misiones), en el Molino Fábrica Cultural de Santa Fe y en la Plaza de Mayo de Paraná (Santa Fe).

Según los informes de Casaie, los aranceles prestacionales en el ámbito de la discapacidad se ubicaron por debajo del IPC en el último cuatrimestre de 2024, y el monto se mantuvo inalterado en el primer cuatrimestre de 2025. En el año pasado, en septiembre, se registró un incremento del 1% en comparación con una inflación del 3,5%; en octubre, otro 1% frente al 2,7%; en noviembre, un 0,8% ante el 2,4%; y en diciembre, solo un 0,5% frente al 2,7% de los aumentos en los precios al consumidor según lo reportado por el Indec. Por otro lado, de enero a abril de este año, el aumento fue del 0% frente a una inflación acumulada del 11,6%.

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