El ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, ordenó la semana pasada el traslado de 19 militares condenados por crímenes de lesa humanidad desde la cárcel de Ezeiza hacia Campo de Mayo, en San Miguel. Esta decisión, emitida por el Servicio Penitenciario Federal (SPF), ha reavivado la controversia en torno a los militares sentenciados por delitos cometidos durante la dictadura.
Dentro del complejo militar existe una unidad penitenciaria especial que, según la opinión de diputados kirchneristas y organizaciones de derechos humanos, ofrecería condiciones mucho más favorables que cualquier otra prisión en términos de salubridad, higiene y sociabilidad. Por su parte, el Gobierno rechaza estas supuestas mejoras.
Entre los trasladados a la unidad de Campo de Mayo se encuentra Alfredo Astiz, quien fue condenado a cadena perpetua por su papel en la última dictadura. Astiz recibió una sentencia por el secuestro, la tortura en la ESMA y la desaparición de dos monjas francesas, así como de tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.
Desde su creación, bajo la presidencia de Néstor Kirchner y el mandato de Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad, la Unidad 34 de Campo de Mayo está en la mira de un amplio abanico de agrupaciones de Derechos Humanos, muchas de ellas estrechamente ligadas al kirchnerismo.
En particular, este reciente traslado ha sido denunciado públicamente por H.I.J.O.S. Capital, la rama porteña de la agrupación que agrupa a los hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar. Aseguran que este anexo, situado en Campo de Mayo y con capacidad para alojar hasta 115 internos, se considera una prisión “con privilegios”, especialmente al compararla con otros establecimientos penales. Instalaciones deportivas, un gimnasio y televisores en las celdas son algunas de las supuestas comodidades que mencionan. “El perímetro está cercado, puedes ver el horizonte”, comenta una fuente de la organización.
En ese informe, que ya no está en la página oficial de la Secretaría, se dedican casi 40 páginas a la Unidad 34. Se señala, por ejemplo, que uno de los ocho pabellones que la componen, el “A” −que para ese entonces mantenía una ocupación cercana al 50 %−, contaba con “buena ventilación y luminosidad”, calefacción central, biblioteca con televisor, una cocina equipada con horno eléctrico, un microondas y una heladera cada dos reclusos, entre otros servicios.
Dentro de los servicios compartidos entre los diferentes pabellones, el informe resalta la atención médica disponible todos los días de la semana, las 24 horas del día. Hasta el año 2022, la cobertura abarcaba enfermería, atención psicológica, sesiones de kinesiología y terapia ocupacional, así como un consultorio odontológico, una sala de emergencia equipada con un carro de paro completo y una ambulancia de uso exclusivo.
La Unidad también dispone de un pequeño campo deportivo que incluye una cancha de fútbol y una huerta, cuyo cuidado está a cargo de los internos.
El Gobierno ha desmentido que el traslado haya mejorado las condiciones de encarcelamiento, argumentando que se enmarca en un reacomodamiento general del sistema penitenciario. Los 19 militares eran, según informaron, solo un grupo dentro de las 70 personas que fueron reubicadas debido a que estaban en una unidad en Ezeiza que se convertirá en exclusiva para mujeres y contará con un pabellón de alto riesgo. “Es falso que se haya beneficiado a nadie”, afirmaron desde la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios. “No se han mejorado las condiciones de ninguna persona. No es una cárcel VIP, como se dice, y si lo fuera, también lo fue durante el gobierno anterior”, sostuvieron.
En la Cámara de Diputados, el kirchnerismo aprovechó la controversia y presentó un proyecto para convocar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al recinto para que explique el asunto. En su cuenta de X, Cecilia Moreau vinculó este incidente con la visita que un grupo de seis diputados libertarios, liderados por Beltrán Benedit, realizó en julio del año pasado a la cárcel de Ezeiza para ver a algunos de los militares que fueron trasladados a Campo de Mayo, incluyendo a Astiz. “Fuimos a ver a excombatientes que lucharon contra la subversión marxista bajo órdenes de un gobierno constitucional”, comentó Benedit en ese momento.
Se confirmaron nuestras sospechas…
Bullrich dio un paso más en el plan de impunidad y a través del Servicio Penitenciario logró que se concretara el traslado de 19 genocidas condenados por delitos de lesa humanidad a la cárcel VIP de Campo de Mayo. Es el mismo Servicio… pic.twitter.com/KifcYO7txj— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) May 12, 2025
En términos generales, la asignación de los presos en las cárceles es un “asunto exclusivo” del Servicio Penitenciario Federal, que depende del Ministerio de Seguridad. Ante la reubicación de uno o más reclusos, el SPF informa al tribunal correspondiente, que generalmente se limita a verificar que las condiciones generales no infrinjan derechos básicos.
Los otros militares son: Carlos Guillermo Suárez Mason (h), Adolfo Miguel Fonda Tigel, Jorge Carlos Rádice, Ricardo Miguel Cavallo, Alberto Eduardo González, Luis Ambrosio Navarro, Rodolfo Oscar Cionchi, Gerardo Jorge Arráez, Miguel Ángel Britos, Juan Carlos Avena, Luis Juan Donocik, Lucio César Nast, Mario Alfredo Marcote, Marcelo Cinto Courtaux, Julio César Argüello, Manuel Cordero Piacentini y Raúl Antonio Guglielminetti.