El gobierno de Javier Milei oficializó el martes la desregulación de los aranceles de los colegios privados de gestión sin subsidio estatal mediante el decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial. La norma deroga el vigente mecanismo de control que obligaba a presentar y obtener autorización estatal para fijar o modificar los montos de matrícula y cuotas.
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostiene que el régimen derogado —en vigencia desde la década de 1990— presentaba “limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.
Asimismo, se argumenta que la estructura de costos evolucionó ampliamente desde la instauración del marco anterior, y que la intervención estatal en la fijación de precios “constriñe el derecho de propiedad de los establecimientos educativos”.
📚 El Gobierno eliminó el decreto que regulaba los aumentos en los colegios privados
➡️ En sintonía con su agenda de desregulación, la gestión de Javier Milei derogó el Decreto 2417/93. Desde ahora, los establecimientos de gestión privada podrán modificar cuotas y matrículas con… pic.twitter.com/PsMblEQwXk
— El Observador Argentina (@observadorar) November 11, 2025
La medida alcanza principalmente a los establecimientos de gestión privada que no reciben aporte estatal: según los medios, más de 4.000 instituciones del país —aproximadamente el 6 % del total— quedan bajo la nueva modalidad que les permite fijar sus propias “políticas de precios y compensaciones, en el marco de una competencia leal”. Por el contrario, los colegios que sí reciben subvención estatal están excluidos de la liberalización plena y mantendrán alguna obligación de informar valores.
Para las familias, la medida encierra un potencial aumento significativo de las cuotas: al no necesitar ya la aprobación del Estado y poder ajustar tarifas de acuerdo al mercado o la inflación real, los colegios podrían elevar los costos de matrícula o mensualidad de manera más ágil. Los críticos advierten que esto profundiza la brecha entre establecimientos con diferentes niveles socioeconómicos y puede afectar la capacidad de elección de las familias de menores recursos.
El cambio pone también en el centro de debate el rol del Estado en la regulación educativa: mientras el Gobierno lo define como un paso hacia mayor autonomía institucional y mercado, sectores educativos, sindicatos y gremios reclaman que la educación debe preservarse como un bien público accesible y no quedar sujeta solo a la lógica de “precios y competencia”. La polémica recién comienza.
