En un intento por destrabar el conflicto que se vive en el polo educativo del barrio Carlos Mugica de Retiro, ingresó a la Legislatura porteña una iniciativa para otorgar el nombre oficial a una calle que fue cerrada y ocupada por el Poder Judicial nacional para el estacionamiento de autos particulares de los magistrados.
Allí funcionan la Escuela Infantil N° 5, la Primaria N° 25 “Bandera Argentina” y un centro de educación para adultos. Alrededor de 1800 estudiantes deben esquivar decenas de vehículos para acceder al edificio escolar.
La situación fue denunciada ante la justicia porteña y federal hace seis años, ante la erección del alambrado, que impide la circulación vehicular a lo largo de 200 metros sobre una vía pública que separa a los Tribunales de Comodoro Py y los edificios de tres establecimientos escolares: un jardín de infantes, una primaria y una escuela para adultos.
En la causa hubo fallos favorables al desbloqueo, pero hoy el cierre persiste y mantiene en vilo a la comunidad escolar del polo educativo, al que concurren cerca de 1800 alumnos. La preocupación está vinculada con la imposibilidad del ingreso a las instituciones de, por ejemplo, micros que llevan a estudiantes y a otros vehículos, como ambulancias y camiones de bomberos para situaciones de emergencia.
De hecho, tiempo atrás fue necesaria la presencia de personal médico y la ambulancia del SAME debió subir a la vereda y transitar por allí los 200 metros que separan el alambrado hasta el acceso a la escuela. También, ocurrió algo similar con bomberos que tuvieron que trasladar al hombro las mangueras, ya que el vehículo de gran porte en el que se trasladaron no pudo llegar hasta el edificio educativo.
La calle en cuestión, al igual que muchos espacios de la zona que rodean a los tribunales federales, es utilizada desde hace décadas como un estacionamiento a cielo abierto de los funcionarios judiciales. Los vehículos, de manera informal, exhiben en sus vidrios tarjetas que simulan permisos para permanecer en las cocheras que, en rigor, no son privadas, ya que están ubicadas en lugares públicos.
Allí funcionaba anteriormente sólo una escuela primaria, pero en 2019 se creó un polo educativo, conformado por tres nuevos edificios. Ello hizo que la calle compartida fuera copada por las familias, los trabajadores de la educación y los casi 1800 estudiantes en los horarios de entrada y salida. Y complicara la convivencia con el agitado ritmo judicial.
De manera sorpresiva, durante las vacaciones de invierno del 2019, se instaló un alambrado que impidió la circulación vehicular. En rigor, la primera cuadra, que nace en la intersección con la avenida Antártida Argentina cuenta con una ley que le dio oficialmente el nombre de Letonia, no así los restantes 200 metros sobre los cuales están las escuelas y la sede judicial.
Justamente, basados en este vacío legal, los magistrados resisten desde entonces la orden judicial para levantar la ocupación de la calle, ya que afirman si no tiene nombre, no es una vía pública.
Por ello, el senador Mariano Recalde elevó ante el Parlamento “como ciudadano porteño” un proyecto que plantea que toda la extensión de la calle Letonia obtenga la misma denominación. La iniciativa busca “saldar la falencia en la nomenclatura de nuestra ciudad”, según expresó.
“Los jueces de Comodoro Py se robaron una calle y la convirtieron en un estacionamiento VIP”, aseguró el senador, que también llevó el tema a las reuniones del Consejo de la Magistratura nacional, que integra. “Hay que dar una respuesta urgente, porque hay una apropiación de un espacio público que impide a los niños del polo educativo tener un acceso directo a las escuelas”, exigió.
En una reciente jornada organizada por la comunidad escolar, una docente explicó que la demanda es “que la Justicia haga lo que tiene que hacer: liberar la calle, para que toda nuestra comunidad educativa pueda transitar libremente por una calle que tiene que ser pública”.
Una mamá de una alumna de la escuela primaria dijo que espera que “saquen las rejas, porque es un peligro porque no pueden entrar ambulancias y los bomberos con facilidad”.
Para la legisladora porteña de Unión por la Patria María Bielli, “este conflicto representa una muestra de cómo el Poder Judicial se cree dueño y señor de espacios, aun a costa de poner en riesgo a estudiantes y familias. Es inédito que la calle de estas escuelas sea estacionamiento de jueces. No sucede en ninguna otra parte de nuestra Ciudad”.
“Esto es peligroso porque no pueden acceder las ambulancias, los bomberos, ni los micros escolares que dejan a 180 metros de la puerta a los estudiantes”, advirtió. Y señaló que “el Gobierno porteño se tiene que hacer cargo de que se saque la reja y habilite el tránsito porque se trata de una calle, así figura en los planos. No tienen excusa y menos cuando eso puede poner en riesgo la integridad de 1800 alumnos y alumnas”.
La causa judicial
Poco después de la aparición del alambrado, la comunidad escolar hizo una presentación contra el Gobierno de la Ciudad ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12, a cargo de Patricia López Vergara, al considerar que la medida representaba una violación de los derechos constitucionales, en particular, a la educación, a la vida digna, a la salud, a la seguridad personal y a la integridad física y moral.
En el escrito, enfatizaron que “la ilegalidad y desaprensión del GCBA se alzan de gravedad, en tanto su accionar no ha sido revertido pese a los innumerables reclamos que se han formulado en tal sentido”.
La jueza hizo lugar al amparo y ordenó a la administración porteña a levantar el alambrado a fin de “garantizar la accesibilidad de los establecimientos educativos de marras para que la comunidad pueda acceder al exterior con mayor fluidez, rapidez, tranquilidad y seguridad”.
El fallo fue apelado por la gestión porteña en una presentación en la que sostuvo que la seguridad de la comunidad educativa estaba “plenamente garantizada” y que “cada nivel educativo que integra el polo” contaba “con más de un ingreso y egreso a sus edificios” y que poseían los correspondientes planos de evacuación y de punto de reunión, de conformidad con la normativa vigente.
Además, en 2021 adujo que la causa debía ser derivada a la Justicia Federal, por lo cual pasó al fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, donde actualmente se tramita. En estos años existieron diferentes reclamos por parte de las familias e instancias de mediación judicial que no lograron, por el momento, la desocupación de la calle pública.
