El titular de la cartera de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró que no intentará prorrogar las facultades delegadas que recibió en julio de 2024 bajo la Ley de Bases. Informó que en los próximos 49 días se emitirán decretos para reestructurar organismos.
“Siempre la idea fue no renovarlas, porque yo necesitaba que mi equipo estuviera muy consciente del tiempo que teníamos”, dijo.
“Yo puse estos relojes acá en mi oficina para que mi equipo estuviera consciente de qué es el tiempo”, afirmó y adelantó que el Gobierno planea una “profunda reformulación del Estado, apuntando en parte a “organismos con autonomía financiera que los había llevado a una proliferación de trámites burocráticos”.
“En los próximos 50 días vas a ver un movimiento bastante importante”, aseguró y consideró que esas facultades delegadas por el Congreso estuvieron más vinculadas a la motosierra, permitiendo eliminar funciones estatales innecesarias.
Quedan en el tintero diferentes medidas que se prevé que salgan en las próximas semanas. Una de las más próximas es un DNU que contempla la eliminación de 24 organismos, la fusión de más de 15 y la transformación de 16 dependencias.
Es importante mencionar que se entiende por delegación de facultades a la decisión del Congreso de ceder al Poder Ejecutivo ciertas atribuciones y poderes que le son propios.
De manera general, la Constitución impide la delegación de facultades legislativas al Presidente. No obstante, la misma Carta Fundamental estableció algunas excepciones en situaciones de emergencia pública, las cuales deben ser reguladas por ley y establecer un plazo específico para las potestades transferidas.
Durante el tiempo establecido, el Presidente puede ejercer las funciones legislativas que le fueron transferidas a través de decretos que serán controlados por la Comisión Bicameral.
Las facultades delegadas que votó el Congreso incluyen la declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un plazo de un año, como así también la facultad para reorganizar, fusionar o disolver organismos de la administración central. El proyecto fue aprobado en el Senado de la Nación el 8 de julio de 2024 por lo cual caducan a mediados de este año.
Por otro lado, en lo que respecta a la posible pérdida de empleos en la industria electrónica de Tierra del Fuego tras la eliminación de aranceles, Sturzenegger minimizó el impacto negativo y destacó los beneficios generales para la población. “Estamos hablando de 2.000 personas, sobre una masa laboral de seis millones y medio”, afirmó.
Según datos del gobierno provincial, el sector industrial fueguino, que ha estado protegido desde 1972, da empleo a alrededor de 8.000 personas. La población total de la provincia es de aproximadamente 185.000 habitantes.
Por otro lado, en vista de las vacaciones de invierno, Sturzenegger también comentó sobre el alto costo en dólares del turismo en el país, especialmente en la Patagonia, donde actividades como las caminatas sobre el glaciar Perito Moreno se están comercializando cerca de USD 400 por persona.
“Una familia de cuatro personas tiene que hacer un paseo de la tarde. ¿US$2.000? No tiene absolutamente ningún sentido”, cuestionó. Atribuyó esos precios a la existencia de monopolios otorgados por Parques Nacionales a empresas privadas, con las cuales se compartían los ingresos. Según indicó, el Gobierno modificó el régimen de concesiones en parques nacionales hace aproximadamente un mes y medio, permitiendo ahora una explotación turística en condiciones de competencia. “Esperamos que esos precios bajen rápidamente”, anticipó.
