En el marco de la causa abierta por los audios filtrados del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, el fiscal federal Franco Picardi ordenó una nueva pericia al celular secuestrado al efuncionario. El objetivo: recuperar mensajes que éste habría borrado deliberadamente, con implicancias que ya elevan la investigación a posibles maniobras de corrupción pública.
La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP) detectó que el iPhone 16 Pro Max entregado por Spagnuolo presentaba “información fundamental” borrada antes de ser entregado a la Justicia. Como parte de las medidas para intentar recuperar los datos, se solicitó también que la empresa provea un SIM con el mismo número usado por el ex funcionario para intentar acceder a la nube del dispositivo, donde podrían almacenarse archivos eliminados manualmente.
Nuestra denuncia sacó a la luz lo que algunos quisieron ocultar: una trama de coimas en perjuicio de las personas con discapacidad.
Los nombres circulan, las conversaciones están y las responsabilidades políticas no se van a diluir. Esto no es opinión: es la investigación que… https://t.co/I0mYldDYRS— Gregorio Dalbon #CristinaLibre (@Gregoriodalbon) September 18, 2025
Otro punto relevante que surge del expediente es que Spagnuolo habría utilizado un teléfono distinto hasta el 21 de agosto, fecha en que habría vinculado su línea al iPhone 16 Pro Max que luego fue incautado en su domicilio en Pilar, Provincia de Buenos Aires. Esto podría responder a maniobras destinadas a ocultar evidencia o información de interés.
La denuncia que dio origen al expediente fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón tras la divulgación de los audios, en los cuales Spagnuolo alude a presuntos pagos de porcentajes por parte de droguerías a funcionarios, incluyendo menciones a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y Eduardo “Lule” Menem, subsecretario.
Por otra parte, la defensa de Spagnuolo pidió la designación de un defensor oficial, que fue asignado (Hernán Silva). También se solicitó la apertura de la caja de seguridad del implicado en el banco BBVA para revisar sus movimientos. Mientras tanto, el juez federal Sebastián Casanello deberá resolver un pedido de nulidad de la investigación formulado por la defensa de los Kovalivker, quienes alegan que el origen de la causa (las grabaciones) sería ilegal.