La intervención en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ordenada por el Gobierno tras el escándalo por presuntas coimas, comenzó a arrojar resultados preliminares. Según una auditoría impulsada por el Ministerio de Salud, se detectaron sobreprecios del 27% en la compra de un medicamento complejo, en comparación con adquisiciones previas realizadas por la misma cartera sanitaria.
El caso específico involucra el fármaco PEG Asparaginasa, utilizado en tratamientos de leucemia linfoblástica aguda. En agosto de 2025, el programa Incluir Salud —dependiente de ANDIS— pagó $13.500.176 por este medicamento, mientras que el Ministerio de Salud había abonado $8.274.027 por la misma droga en agosto del año anterior. Incluso descontando la inflación acumulada, la diferencia se mantiene en torno al 27%.
La difusión de estos datos se dio en medio de una estrategia oficial para marcar distancia con la gestión de Diego Spagnuolo, extitular de ANDIS, quien fue desplazado tras la filtración de audios que lo vinculan con un presunto esquema de recaudación ilegal. El presidente Javier Milei se refirió por primera vez al tema y aseguró que llevará a la Justicia a su ex colaborador, a quien acusó de mentir.
Una auditoría del Gobierno reveló que ANDIS, bajo la gestión de Diego Spagnuolo, adquirió los mismos medicamentos que el Ministerio de Salud, pero a un precio un 27% más alto. https://t.co/IMWXkcZuom pic.twitter.com/pHj9qqQc2u
— MDZ Online (@mdzol) August 28, 2025
Además de la auditoría, el Gobierno busca modificar la estructura institucional de ANDIS. El organismo dejaría de ser descentralizado para convertirse en una secretaría bajo la órbita del Ministerio de Salud. Esta decisión apunta a reforzar el control político y administrativo sobre las contrataciones, en un área sensible como la provisión de medicamentos para personas con discapacidad.
Pese a la gravedad del caso, ni el ministro Lugones ni el interventor Vilches se presentaron en la reunión de comisión convocada en Diputados para dar explicaciones. El encuentro, organizado por las comisiones de Salud y Discapacidad, esperaba respuestas sobre la emergencia en el sector y las denuncias que también involucran a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
La investigación sigue en curso y podría derivar en nuevas revelaciones sobre el manejo de fondos públicos en el área de discapacidad. Mientras tanto, el Gobierno busca mostrar iniciativa en la depuración de irregularidades, aunque persisten dudas sobre el alcance real de las medidas adoptadas y la transparencia en el proceso de auditoría.