La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, incrementó más de 1.800% el presupuesto para los gastos reservados de Seguridad. Ciberpatrullaje y arrestos por 10 horas, ambos sin autorización judicial, son dos de las atribuciones presentes en un decreto que evitó el debate legislativo.
Un organismo de inteligencia policial que nadie quiere supervisar. Quizás, el lema que refleja el contexto de las modificaciones en la Policía Federal impuestas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la dirección de Patricia Bullrich, es “sin supervisión”.
La propia funcionaria responsable de Seguridad, en enero de 2024, durante un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, afirmó que cualquier proyecto de reforma debería pasar por el Poder Legislativo. No cumplió con su promesa. Ahora, el argumento es la conocida emergencia, que en su gestión anterior en la misma cartera la llevó a realizar adquisiciones costosas que han sido cuestionadas por la Auditoría General de la Nación debido a diversas irregularidades.
Es por esto que, al leer rápidamente el Decreto Nº383, que pretende transformar a la Policía Federal Argentina en una especie de FBI local, se activan las alarmas cada vez que la redacción del texto sugiere la criminalización de actos que no constituyen delitos. Al mismo tiempo, se amplían las facultades de la fuerza para actuar sin la supervisión y autorización de un juez, como ya había anticipado Ámbito cuando solo era un borrador que generaba preocupación en las fuerzas de seguridad federales.
Sin embargo, en esta misma línea, surge un aspecto poco discutido y que no se menciona: el crecimiento exponencial de ciertas categorías en el presupuesto de Seguridad y áreas relacionadas. Se trata de partidas cuyo gasto no está detallado en “Datos Abiertos”, disponibles en línea. Este aumento no solo es notable en comparación anual, que es siempre complicada en un país con inflación, sino también dentro del año actual.
No obstante, al desviar la mirada del área de Seguridad hacia la de Inteligencia, un dato interesante se revela y caracteriza la visión del Gobierno sobre la gestión del Estado: apenas pasada la mitad del año, la Nación había utilizado más del 90% de los gastos reservados para este tipo de labores que realiza la ex SIDE. Es decir, recursos cuyo destino permanecerá en la oscuridad para la ciudadanía. En un país donde el espionaje ha sido, durante décadas, más un medio de extorsión que un sistema de alerta ante amenazas externas, es crucial prestar atención a este tema. ¿Qué es tan relevante como para que ocurra esto y, al mismo tiempo, deba eludir el control legislativo?
Además, al realizar una comparación interanual, el área de Inteligencia pasó de representar el 0,14% del Presupuesto en 2021 al 0,24% en 2025 sin mayores explicaciones. Es importante destacar que este incremento se produjo justo en contraste con los ítems de “Vivienda y Urbanismo”, que disminuyó del 3% al 0,07%, y “Agua Potable y Alcantarillado”, que vio su relevancia reducirse del 2,01% al 0,58%. Por otro lado, Seguridad Interior aumentó del 1,76% al 2,43%. Una clara cuestión de prioridades.
El Decreto Nº383, que pretende transformar a la Policía Federal Argentina en una especie de FBI local, se activan las alarmas cada vez que la redacción del texto sugiere la criminalización de actos que no constituyen delitos. Al mismo tiempo, se amplían las facultades de la fuerza para actuar sin la supervisión y autorización de un juez, como ya había anticipado Ámbito cuando solo era un borrador que generaba preocupación en las fuerzas de seguridad federales.
Patricia Bullrich sobre el Departamento Federal de Investigaciones, el nuevo “FBI” argentino. #BullrichxLaCasa
Mira la nota completa: https://t.co/w4fofwF4l0 💜 pic.twitter.com/ZWDxjsKcQ9
— somoslacasaok (@somoslacasaok) June 18, 2025
No especificados
Cualquiera que realice una comparación del presupuesto del Ministerio de Seguridad desglosado, a pesar de los recientes cambios introducidos por el DNU Nº425, notará el notable aumento en la categoría de “Servicios no especificados”.
Sin embargo, lo que realmente destaca no es solo eso, sino que dentro de esta categoría, hay varias subcategorías que ayudan a interpretar el gasto, siendo la más significativa, con diferencia, la que se denomina “Otros n.e.p”, que ha aumentado de $2.600 millones en enero a casi $49.000 millones en cifras redondas. Para mayor claridad, se trata de otros gastos no especificados dentro de los gastos no especificados.
Es importante señalar que entre los servicios “no personales” se encuentran los de ceremonial y protocolo, gastos reservados, servicios de vigilancia, pasantías, becas de investigación y la mencionada subcategoría “otros servicios n.e.p.”. Esta última, evidentemente, representa a aquellos gastos no identificados que no se agrupan en las categorías anteriores, pero que carecen de información pública respecto a su uso y a las razones de su crecimiento.
Los usuarios que consultan el portal Datos Abiertos para analizar la ejecución del Presupuesto pueden optar por visualizar su progreso a través de gráficos. En este sentido, el incremento de “Otros n.e.p” es tan significativo que, al compararlo con lo que representaba en 2023, su gráfico mostraba una proporción mucho menor.
Según la información oficial disponible, en 2025, “Servicios no personales” constituye el 2,36% del total del gasto. De esa cantidad, el 57% se destina a servicios no especificados (“Otros n.e.p”). En 2024, esta última subcategoría representaba $3.928 millones. Además, en el total de gastos de la categoría “Servicios no personales”, “Otros n.e.p” constituía el 22,1%, 35 puntos menos que este año. Comparando con el último año del gobierno de Alberto Fernández, “Otros n.e.p” era solo el 15% de “Servicios no personales”, con cifras considerablemente más bajas en 2023 y 2024.
En comparación con 2024, el aumento fue diferente, pasando de $14.185 millones a $25.797 millones, es decir, menos del 100%. Todo esto ocurre en un contexto donde la reforma de la Federal abre la puerta a intensificar las tareas de inteligencia, evocando recuerdos de épocas sombrías.
ESTAMOS MODERNIZANDO LAS FUERZAS FEDERALES: ORDEN, LEY Y CONTROL
Tomamos una decisión que nadie se animó a tomar en 50 años: ordenar, definir y conducir con firmeza a nuestras fuerzas.
La PSA cuida los aeropuertos. Gendarmería protege nuestras fronteras. Prefectura controla… https://t.co/gL1srJsX8t
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 8, 2025
Sin respuestas
Se ha publicado un decreto que reforma la Policía Federal, y distintas organizaciones de Derechos Humanos y expertos en derecho constitucional han señalado que, más allá de la necesidad de abordar cambios en la Policía, es una grave anomalía que no sea revisado por el Congreso Nacional.
Particularmente, las actividades que se realizan sin una orden judicial son las que han generado mayor preocupación. En esencia, la posibilidad de efectuar detenciones (incluso en contraposición a lo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio), la libertad de llevar a cabo ciberpatrullajes indiscriminados, espiando fuentes abiertas (sitios web, plataformas, redes sociales) y la facultad de realizar requisas en situaciones indefinidas bajo el nombre de “operativos de prevención”.
La controversia ha escalado al punto que miembros del Poder Judicial han manifestado su desacuerdo. Por ejemplo, Rodrigo Morabito, juez de la Cámara de Responsabilidad Penal de Catamarca, afirmó que el decreto “contiene varios aspectos que podrían ser considerados inconstitucionales y recibir severas críticas desde la perspectiva del Estado de Derecho, el control judicial y los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez comentó que “la primera cuestión formal que presenta este decreto delegado es que infringe las bases de delegación establecidas en la ley Bases. En segundo lugar, lo que está haciendo es restringir los derechos fundamentales de las personas de manera desproporcionada, otorgando atribuciones a la Policía Federal que no se ajustan a los objetivos constitucionales que debe tener”.
Desde el CELS, destacaron un aspecto que no ha sido mencionado por otros críticos: el decreto penaliza acciones que hasta ahora no constituían delito. Por ejemplo, califica la protesta como un acto de sedición. Este organismo también señaló que las reuniones políticas de ciertos grupos han pasado a ser consideradas posibles actos de terrorismo. Esto refuerza la advertencia hecha por Domínguez, quien anticipó que, dada esta situación, no sería sorprendente que regresen las razzias.
Allanamientos violentos, personas detenidas y esposadas por un escrache. Un hecho que, como mucho, podría ser una contravención, hoy es tratado como un delito federal grave. La justicia es instrumento del gobierno en esta desproporción.
— CELS (@CELS_Argentina) July 2, 2025
En el centro de la controversia se encuentran las labores de inteligencia de la Policía Federal y el cuerpo encargado de estas tareas. El decreto establece la creación de un Departamento Federal de Investigaciones (DFI) responsable de los delitos complejos en el país, así como un Departamento Federal de Coordinación. Dentro del DFI, habrá tres subáreas dedicadas a la investigación: Agencias Federales de Investigación (AFDI), Investigaciones Federales e Investigaciones contra el Narcotráfico.
El CELS enfatizó que el Gobierno ha estado negando las solicitudes de acceso a la información sobre el cuerpo que agrupa a quienes en el argot policial son conocidos como “plumas”. Esta referencia se dirige a aquellos que realizan labores de inteligencia dentro de la Policía Federal, los cuales históricamente han tenido conflictos con el grupo de los “Comisarios”.
El organismo exige acceso a información sobre “la normativa que regula las misiones, funciones, estructuras y actividades de inteligencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina, especialmente de sus Cuerpos de Inteligencia Criminal y de Investigaciones”. Además, solicitan la desclasificación de información considerada no pública.
Tras la negativa del Ministerio de Seguridad, el 28 de marzo, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó que el Estado “está sujeto al principio de máxima divulgación, tal como lo establece la jurisprudencia de la Corte Suprema, y que el Ministerio de Seguridad no está exento de este criterio, ni siquiera en asuntos de inteligencia. Es decir, que el Ministerio no puede rechazar el acceso arbitrariamente: debe proporcionar la información o argumentar con precisión por qué no”. Posteriormente, casi dos meses después, el juez federal Martín Cormick le exigió al Ministerio encabezado por Bullrich que en un plazo de cinco días demostrara haber cumplido con lo ordenado por el Poder Judicial. Esto no ocurrió.
Considerando que la nueva Policía Federal tiene un enfoque marcado por la Inteligencia y que los cambios no se han realizado siguiendo los procedimientos que exigen las instituciones democráticas, la atención sobre las actividades relacionadas con el espionaje comienza a cobrar una importancia creciente.
