Ricardo Emir Gorostiza, un argentino de 73 años, permanece internado en estado crítico en Punta Cana. Su cuadro médico combina shock séptico, un infarto y fallo renal agudo. Mientras su vida pende de un hilo, su familia enfrenta una doble batalla: contra la enfermedad y contra la inacción de una aseguradora y un sistema judicial que, por su lentitud, se vuelve cómplice del sufrimiento.
La empresa INTERASSIST Argentina S.A., que cobró una póliza con cobertura de hasta USD 200.000, se niega a cumplir las órdenes judiciales que la obligan a cubrir prestaciones vitales como la hemodiálisis y los tratamientos complementarios. Pese a que el Tribunal del Trabajo N° 3 de La Plata dictó una medida cautelar parcial para garantizar la diálisis, la familia denuncia que la empresa incumplió la manda judicial.
El expediente, a cargo de la Dra. Silvia Pelossi, se convirtió en una odisea procesal. En lugar de resolver con urgencia el amparo presentado, la magistrada promovió un “conflicto de competencia” que paralizó el trámite entre tribunales. Luego, al retomar la causa, exigió “prueba técnico-científica” para autorizar el avión sanitario, una exigencia insólita ante un cuadro médico crítico.
Mientras tanto, la causa lleva 12 días detenida en la Suprema Corte de Justicia bonaerense, en la Secretaría Laboral que encabeza la Dra. Analía Di Tomasso. El abogado de la familia, Dr. Diego Cotleroff, presentó dos prontos despacho —el 25 y el 28 de octubre—, pero ninguno fue respondido.
En paralelo, la familia se endeuda y asume costos que superan los 100.000 dólares. Ante la falta de cobertura, fueron ellos quienes debieron comprar y trasladar plaquetas por su cuenta, viajando cinco horas hasta Santo Domingo para conseguirlas. “La burocracia está matando a mi padre”, denuncia su hija, impotente frente al silencio institucional.
El caso Gorostiza expone una crisis profunda en los tiempos judiciales y en el control de las aseguradoras que operan en el exterior. Cada día de demora tiene un costo biológico y humano que no se recupera. Mientras la familia ruega por una respuesta, la justicia y la empresa siguen mirando hacia otro lado