La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, presentaron un kit de reformas legislativas para combatir la violencia, con énfasis en la grave situación de conflicto narco en Rosario. Las medidas incluyen mayor participación de las Fuerzas Armadas. Registro de ADN, reiterancia, penas máximas, entre otros, fueron los tópicos tomados por los funcionarios.
En una conferencia conjunta, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, anunciaron un proyecto para modificar la Ley de Seguridad Interior con el fin de “permitir la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico en Rosario”.
“Los proyectos de ley serán enviados la semana que viene y es independiente a lo que se trabaje en la Ley Ómnibus”, remarcó Bullrich, cuando fue consultada en la ronda de preguntas en Casa Rosada.
Petri comenzó la exposición y sostuvo la necesidad de utilizar todos los recursos del Estado en la batalla contra los narcos, mientras que Bullrich informó sobre modificaciones en el Código Penal y el envío al Congreso de una Ley Antimafia inspirada en la legislación italiana.
“Estamos modificando la ley de Seguridad Interior par que puedan intervenir y realizar operaciones para devolverle la paz a los rosarinos en los supuestos de terrorismo”, aseguró Petri.
Entre las propuestas se encontraron temas como: legítima defensa, ADN en delitos, leyes contra organizaciones criminales (Ley Antibandas o Antimafias), penas para organizaciones piqueteras y/o que organizan bloqueos.
El proyecto que defendieron los funcionarios permitiría a las Fuerzas Armadas “realizar operaciones de seguridad interior en caso de terrorismo”, incluyendo patrullaje, control de personas y detención en flagrancia. Además, se prevé que las acciones de las fuerzas no serán sancionadas, y podrán equiparse y capacitarse adecuadamente para estas tareas de prevención.
Tras su anuncio, su par en Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que además se enviará para su tratamiento parlamentario la denominada Ley Antimafias que, indicó la funcionaria, tiene origen en el código italiano.
“El hecho individual no es lo que determina la pena, sino aquellos que participan de una determinada organización y son parte de distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene esa organización criminal”, dijo.
Prisión a piqueteros
De manera puntual, y con relación a las manifestaciones, marchas y piquetes, se buscará modificar el artículo 194 del Código Penal, que amplía las acciones tipificadas para especificar que la pena para quienes “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas” será de uno a tres años y seis meses de prisión.
“Las denuncias que tenemos son impresionantes, de favores sexuales, de sacarles dinero, de obligarlos a ir con sus hijos, explotando a la gente”, respondió respecto a los coordinadores de movilizaciones de organizaciones sociales.
Según el proyecto original, que ahora se buscará reflotar, se aclara además que si el acto se hace “portando un arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos a cuatro años de prisión, siempre que no constituyere un delito más severamente penado”.
Asimismo, se buscará crear la figura penal para “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad”, los cuales “serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe”.
Esta condena aumenta hasta a 6 años si se lleva adelante “mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta”.
Por otra parte, también se indica que los organizadores “serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren a terceros o bienes de dominio público o privado” durante la protesta y que si durante la movilización se corta el tránsito o participan “menores sin la correspondiente compañía” de sus tutores, serán multados por hasta veinte mil unidades fijas, lo que equivale actualmente a 5.802.000 de pesos.
“Como todos saben la situación en la ciudad de Rosario es crítica, no de ahora, lleva años sufriendo el flagelo del narcotráfico. El año pasado se registraron más de 259 asesinatos”.
— Luis Petri (@luispetri) March 21, 2024
Legítima defensa
La titular de Seguridad adelantó que se retomará el tema de la “legítima defensa. Hemos planteado un artículo como el que hizo Uruguay y Chile, para modificar que los policías terminan siendo los victimarios y las víctimas quienes comenzaron el delito”, planteó.
“No vamos a permitir más la querella contra el Estado por parte de los familiares de un delincuente, no podemos convertir a los victimarios en víctimas”, insistió.
Respecto al ataque de los manifestantes hacia los agentes de la Fuerza, la ministra sostuvo que: “En cada manifestación tenemos cinco o seis heridos y no pasa nada, bueno ahora va a pasar”, aclaró Bullrich y dijo que estará incluida en otro proyecto que también va al Congreso.
Utilización de la prueba de ADN
“Hoy en Argentina funciona para los condenados por delitos sexuales. (Ahora) Cada uno de los delincuentes que entren en una dependencia policial, que comience con una imputación, se le va a hacer una prueba de ADN y va a estar en un sistema que nos ha donado el FBI. No solo sirve para imputar, sino para desvincular a personas inocentes de una investigación”, aclaró Bullrich.
Vuelve la figura de reiterancia
Se agrega el delito de la “reiterancia”, “si reiterás el delito, vas preso”, destacó la ministra. Este era uno de los puntos que tocaba la Ley Ómnibus.
A diferencia de la reincidencia, la reiterancia aplica cuando un individuo está acusado o procesado en varias investigaciones penales por el mismo delito sin que exista resolución o sentencia condenatoria firme. De aprobarse el proyecto, esa persona esperaría por la resolución de su causa preso.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en conferencia con el ministro de Defensa, Luis Petri, anunció un paquete de medidas para fortalecer la seguridad en el país. Estas iniciativas incluyen:
1️⃣Ley Antimafia: Combatiremos las organizaciones criminales de tráfico de… pic.twitter.com/f5Dhqu0aaA
— Ministerio de Seguridad (@MinSeg) March 21, 2024
