El informe anual sobre Derechos Humanos en el mundo elaborado por los Estados Unidos se ha publicado 45 veces y funciona como observatorio para otros países en la materia. El Departamento de Estado de los Estados Unidos elaboró el informe anual de este año y afirmó que la Argentina no cuenta con un sistema judicial robusto para contener la corrupción. El documento, realizado por el gobierno del demócrata Joe Biden, señala que “funcionarios ejecutivos, legislativos y judiciales participaron en prácticas corruptas con impunidad”.
El reporte sobre los derechos humanos en el mundo, informó sobre casos de corrupción, violencia de género y la situación de las cárceles en la Argentina.
En la primera sección del apartado sobre Argentina, titulada “Respeto por la integridad de las personas incluyendo la libertad”, analiza los casos de violencia policial en el país y destaca los esfuerzos del gobierno de Alberto Fernández por contenerla, pero advierte sobre la fragilidad en el combate de la corrupción.
“Instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción. Funcionarios ejecutivos, legislativos y judiciales participaron en prácticas corruptas con impunidad”, señaló el informe sobre Argentina.
El reporte sugiere “una falta de implementación efectiva de la ley”, al tiempo que informa que “hubo varios reportes de que el Gobierno o sus agentes cometieron asesinatos arbitrarios o fuera de la ley”, en relación a las violaciones de Derechos Humanos en manos de las fuerzas de seguridad.
Puntualmente, el documento recuerda los juicios a los funcionarios en ejercicio y a quienes dejaron su mandato vinculados con casos de corrupción. Cita las investigaciones relacionadas con la corrupción contra figuras políticas como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en “el caso de los cuadernos”, y del expresidente Mauricio Macri.
También se informa sobre asesinatos y torturas ilegales y arbitrarias a manos de la policía federal y provincial; condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales; problemas importantes con la independencia del poder judicial; graves actos de corrupción; violencia motivada por el antisemitismo; y trabajo forzoso a pesar de los esfuerzos del gobierno para combatirlo.
“Si bien las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad, persisten varios problemas, incluidos asesinatos y torturas a manos de la policía, corrupción, malas condiciones carcelarias y violencia antisemita”, advierte el texto.
La Casa Blanca señala que el Comité contra la Tortura de la Comisión de la Memoria de Buenos Aires reportó 134 muertes en 2019 por uso de fuerza injustificada o excesiva por parte de la policía en el área metropolitana de Buenos Aires. En tanto, cita las 401 muertes que hubo en 2019 a manos de las fuerzas policiales, de acuerdo con una ONG local.
A su vez, expresa la “lentitud de la justicia” en el caso de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, quien había sido visto por última vez el 30 de abril pasado a 120 kilómetros de su casa en Bahía Blanca, poco después de que la policía lo arrestara por violar la cuarentena generada por Covid-19, y fuera hallado cuatro meses después.