El Consejo de Magistratura decidió destituir al subadministrador del Poder Judicial, Federico Vincent, quien estaba a cargo del área de Recursos Humanos. Se le acusó de haber gestionado suplencias como si fuera un juez y de haberse asignado salarios superiores a los que correspondían, al disminuir sus aportes para la jubilación.
Este funcionario lideraba la Subadministración General y la Dirección de Recursos Humanos de la entidad, aunque actuaba como administrador, un puesto que permanece vacante desde la renuncia de Claudio Cholakian.
Vincent se convirtió en uno de los funcionarios más influyentes en la gestión del presupuesto y los recursos del Poder Judicial.
La Comisión de Administración y Financiera, liderada por Sebastián Amerio, viceministro de Justicia y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, tomó la decisión de destituirlo. Además, se ordenó investigar si es pertinente presentar una denuncia penal.
Vincent se unió a los tribunales en 1996 como auxiliar y luego llegó al Consejo de la Magistratura tras su establecimiento. Ascendió en su carrera hasta llegar a dirigir la Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial y, al mismo tiempo, ocupó el puesto de Subadministrador General del Consejo. La decisión que concluyó su trayectoria fue aprobada por los miembros de la Comisión de Administración Financiera y se materializó en dos resoluciones que fueron comunicadas a todos los consejeros.
A finales del año pasado, el Consejo decidió llevar a cabo una investigación en su contra. En febrero, un equipo de auditores comenzó a trabajar en seis expedientes abiertos por supuestos desmanejos, recopilando declaraciones e informes. Para su defensa, Vincent contrató al abogado José Manuel Ubeira, quien también representa a la expresidenta Cristina Kirchner en algunos casos. En uno de los informes, se le acusó de haber alterado el porcentaje de descuento jubilatorio a su favor. Como máxima autoridad de la Administración General, debido a la vacante de su titular, y siendo Director de Recursos Humanos, se alega que ordenó a su personal que modificara el descuento jubilatorio que históricamente se aplicaba a su salario.
Esto resultó en un aumento adicional de 6.932.807 pesos en su salario final para mayo de 2024. Lo hizo sin seguir los procedimientos establecidos, sin excusarse, sin un dictamen jurídico que lo respaldara y mientras aún aguardaba una respuesta que él mismo había solicitado. Estipuló que, en lugar de aplicarse un descuento del 18 por ciento en concepto de retención jubilatoria, como es habitual para los funcionarios judiciales, se le comenzara a descontar solo el 11 por ciento y con un límite. Por esta situación, también fue objeto de investigación quien ocupaba el segundo cargo en la Dirección de Recursos Humanos.
Otra de las imputaciones en su contra se relacionó con haber permitido o facilitado que dos agentes judiciales eludieran la cuota alimentaria que legalmente debían pagar. Según el sumario, les liquidó horas extras en recibos distintos, sin contar con una justificación válida.
El Cuerpo de Auditores consideró que “el Dr. Federico Arturo Vincent, a cargo entonces de la Dirección General de Recursos Humanos, habría tenido un manejo arbitrario y discrecional de la oficina”.
Asimismo, le reprochó “tomar decisiones y dar instrucciones susceptibles de perjudicar a terceros, en el caso de los menores cuyo interés superior se encuentra constitucionalmente protegido, como así el interés del Consejo de la Magistratura, afectando su transparencia, contrario a los principios de ética pública”.
Además, a Vincent se le investigó por pretender asumir la representación judicial del Consejo de la Magistratura. Esto ocurrió en el juicio de desalojo iniciado contra el Consejo por tres juzgados federales de Morón. El funcionario se presentó en el expediente y solicitó “urgentemente” una audiencia, sin tener facultades para ello, y posteriormente ofreció “una propuesta económica” a la parte demandante.
Tras la revisión del Cuerpo de Auditores, la Comisión de Acusación decidió “imponer la sanción de cesantía al funcionario Federico Arturo Vincent” por las razones relacionadas con el pago de subrogancias y la liquidación de su salario. “Notifíquese a la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Magistratura de la Nación para que analice las actuaciones actuales y, si corresponde, informe de manera oportuna las medidas judiciales y extrajudiciales que le correspondan iniciar a este Consejo de la Magistratura”, añadió la comisión.
La palabra del acusado
Vincent afirmó que su despido responde a una decisión política: “Hay un trasfondo político detrás de mi salida, ya que Rosatti [Horacio, presidente de la Corte y del Consejo] y Robles [Silvio, secretario de Rosatti] me solicitaron acciones que no eran apropiadas y decidí no acceder”.
Según Vincent, el pago de subrogancias le había sido concedido por el Consejo en la gestión anterior y la diferencia en el porcentaje a aplicar por descuentos de jubilaciones es una cuestión de interpretación de la ley que debe discutirse con la Anses y no con el Consejo.
“Me dejaron sin trabajo después de 29 años”, se quejó el funcionario que dijo que “es una cuestión política” “Molestaba mucho, evidentemente. Se quejan de que tenía una sumatoria de poder, pero fue el poder que me dio el Consejo”, dijo. Se quejó de que la acumulación de tareas lo hacía trabajar 11 horas diarias con llamadas de concejeros los fines de semana.