El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en 2024 dentro de la Ley de Bases N° 27.742, prometía ser el motor para atraer proyectos de gran escala a la Argentina: beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años para inversiones superiores a USD 200 millones en ocho sectores estratégicos y la promesa oficial de hasta USD 50.000 millones en compromisos de inversión. El objetivo declarado fue impulsar exportaciones, empleo y desarrollo productivo mediante la llegada de capitales nacionales y extranjeros.
A un año de su sanción, el balance dista mucho de las expectativas oficiales. Según un informe de la Fundación Encuentro, se aprobaron apenas siete proyectos por un total de USD 8.573,0 millones —es decir, el 17,1% de los USD 50.000 millones anunciados— y solo uno de esos proyectos fue diseñado después de la sanción del RIGI.
En términos netos, tomando únicamente la inversión genuinamente posterior al régimen, el Gobierno consiguió apenas el 0,5% de lo prometido. Además, los proyectos aprobados se concentraron en cuatro de los ocho sectores previstos: Petróleo y Gas, Energía, Minería y Siderurgia.
Las críticas al RIGI, hoy más visibles que nunca, apuntaron desde el inicio a sus debilidades: un claro sesgo hacia la reprimarización de la economía, exigencias laxas en encadenamientos productivos, escasa obligación de transferencia tecnológica y requerimientos limitados para generación de empleo local. Organizaciones sociales, comunidades y actores políticos denunciaron que el régimen terminaba por subsidiar inversiones ya planeadas o en ejecución, sin garantizar contrapartidas efectivas para el desarrollo local.
La Fundación Encuentro llegó a estas conclusiones tras un relevamiento sistemático del Boletín Oficial, anuncios públicos y comunicados empresariales, cruzando montos comprometidos, las fechas de planificación y el estado de ejecución. Esa metodología permitió identificar si los proyectos aprobados eran efectivamente fruto del incentivo o, por el contrario, emprendimientos que ya formaban parte de la hoja de ruta de las empresas antes de la creación del RIGI.
Varios casos ilustran la crítica: el Parque Solar El Quemado (YPF Luz), primero en ingresar al régimen, era un proyecto que ya formaba parte de planes provinciales y de YPF Luz desde antes de la sanción; su construcción incluso comenzó antes de que se propusiera el RIGI, por lo que la incorporación al régimen le otorgó beneficios a una inversión en marcha.
🧵 ¿Qué cambió a 14 meses del RIGI?
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones fue aprobado y celebrado por el Gobierno durante 2024, pero sólo consiguió el 0,5% de inversiones prometidas 👇 pic.twitter.com/0tqTw6hCyl
— Fundacion Encuentro (@FencuentroAR) September 12, 2025
Otro ejemplo paradigmático es el oleoducto Vaca Muerta Sur (YPF y socios), anunciado en 2022 y con obras iniciadas en 2023. La adhesión al RIGI terminó por premiar con ventajas cambiarias y fiscales una obra estratégica que había sido decidida y aprobada por provincias y empresas antes de la existencia del régimen.
Proyectos como la planta de GNL “Southern” (PAE y Golar), la expansión del yacimiento de litio Rincón (Rio Tinto), el proyecto Hombre Muerto Oeste (Galán Lithium) y la nueva acería de Sidersa muestran un patrón similar: muchos fueron anunciados, financiados o comenzaron su ejecución antes del RIGI. El único caso en el que la dimensión del emprendimiento parece directamente estimulada por el régimen fue el Parque Eólico Olavarría (PCR y Acindar), anunciado en noviembre de 2024 y aprobado en 2025, que constituye la única iniciativa claramente posterior al lanzamiento del RIGI.
En términos macroeconómicos y comerciales, los efectos positivos prometidos aún no se materializan: ninguno de los proyectos aprobados ha entrado en operación y, por tanto, no hay nuevos flujos de exportación atribuibles al régimen. Además, los datos disponibles apuntan a un flujo neto de Inversión Extranjera Directa débil o negativo en 2025 (–USD 1.679 millones en la primera parte del año), una señal preocupante si se confirma como tendencia.
El diagnóstico del informe de la Fundación Encuentro es contundente: el RIGI, en su configuración vigente, terminó siendo un instrumento que consolidó privilegios para grandes empresas más que una política para catalizar inversión adicional, diversificar la matriz productiva y generar empleo de calidad. Para que instrumentos similares cumplan objetivos de desarrollo, el informe reclama transparencia, reglas claras de condicionalidad, exigencias de valor agregado, vinculaciones con proveedores locales y metas verificables de creación de puestos de trabajo. Sin cambios en esa dirección, la promesa de transformar recursos en progreso social seguirá siendo, a juicio de sus críticos, letra muerta.
