La jueza Loretta Preska, del Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, ha denegado la solicitud de Argentina para suspender su fallo, que exige al Estado transferir el 51% de las acciones de la compañía petrolera debido a la cuestionable estatización llevada a cabo por el kirchnerismo en 2012.
Los próximos pasos incluyen una reunión que tiene Argentina programada con los beneficiarios del fallo en Nueva York, algo que ya estaba en agenda. “Allí se discutirán las acciones a seguir”, explicó Maril.
Al recordar que “la semana pasada, el país hizo una solicitud de emergencia a la Corte de Apelaciones para que se le conceda a Argentina el beneficio que hoy Preska no otorgó”.
La semana pasada, la jueza estadounidense le había dado un plazo al país hasta el jueves 17 de julio para entregar las acciones, “si no se entregan, es probable que Argentina incurra en desacato, lo cual sería muy complicado para la presidencia de Javier Milei”.
Causa YPF: Los pasos que la Argentina debe seguir ahora
Reunión este martes entre abogados de Petersen/Eton, Bainbridge y Argentina. Se desconoce si YPF estará presente.
Decisión de la Corte de Apelaciones sobre la solicitud de Argentina de suspender el fallo de Preska (fecha aún incierta).
Miércoles 17 de julio: fecha límite para la entrega de acciones de YPF. Si no se cumple, podría haber una solicitud de desacato (aunque esto aún no es seguro).
Días atrás, el país decidió no esperar la respuesta de la magistrada respecto a la posible suspensión del fallo, el cual fue impugnado por Burford tras la solicitud argentina de suspensión. El fondo buitre argumentó que aceptar la petición pondría en riesgo los derechos de los demandantes. Así, el Estado procedió con la presentación de la apelación.
“La Argentina ha iniciado formalmente el proceso de apelación a la orden emitida por Preska, que requiere la entrega de las acciones de YPF. Al mismo tiempo, está a la espera de la decisión de la jueza sobre la solicitud de suspensión de la medida”, comentaron.
Burford está abierto al diálogo y a negociar rebajas en un acuerdo extrajudicial para recibir menos, pero antes de eso. Sin embargo, el Gobierno ha cerrado esa posibilidad. El Estado apelará en todas las instancias necesarias.
El argumento principal del fondo es que Argentina no ha cumplido con las condiciones previas establecidas por el tribunal para evitar la suspensión del fallo de septiembre de 2023, donde Preska condenó a la Argentina a abonar más de US$ 16.100 millones en concepto de indemnización, a los que se suman los intereses acumulados hasta la fecha de US$ 1.650 millones, equivalentes a US$ 3 millones diarios.
Según Burford, Argentina no presentó ninguna garantía ni ofreció colocar las acciones de YPF bajo custodia judicial, como lo exige la normativa federal y la legislación de Nueva York. Esto llevó a Burford a considerar que la suspensión del fallo permitiría al país continuar obstruyendo su cumplimiento, a pesar de que ya había disfrutado de una prórroga: afirmó que se le otorgó más tiempo para ajustarse a las condiciones del tribunal.
A través de su filial Prospect Investments, en 2015, Burford adquirió el 70% de los derechos de litigio de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, pertenecientes a la familia Eskenazi y con sede en España. Estas entidades se declararon en quiebra en Madrid y poseían el 25% de las acciones de YPF. El síndico subastó el derecho a litigar y, un mes después de su adquisición, Burford procedió a iniciar la demanda.
Antes de que Burford solicitara a Preska que no suspendiera el fallo, otro fondo también se opuso a la postura de Argentina: Bainbridge. Aunque no está involucrado en este litigio, demandó al país en 2016 por el incumplimiento de la deuda a finales de 2001 y ahora busca apoderarse de acciones de la compañía petrolera.
