El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 procedió a dar el aval este martes para la restitución de Los Sauces S.A, Hotesur S.A y el hotel Los Sauces a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
Se hará también devolución del condominio que pertenece a sus hijos Florencia y Máximo Kirchner. Los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado otorgaron el visto bueno para dicha restitución mientras que su par, Fabiana Palliotti, votó en disidencia.
Obligado fue también quien permitió que el exvicepresidente Amado Boudou gozara de prisión domiciliaria, tras realizar cursos relacionados con electricidad, filosofía y organización de eventos.
A través de un escrito de 39 páginas, dicho Tribunal resolvió “dejar sin efecto las intervenciones judiciales dispuestas respecto de Hotesur S.A, Los Sauces S.A, el condominio de Máximo y el Hotel Los Sauces Casa Patagónica”.
En relación a la mayoría de las firmas anteriormente citadas, reconoció que dichas intervenciones judiciales “perdieron virtualidad, puesto que el peritaje oportunamente ordenado, se encuentra en vías de finalización”.
Asimismo, aseguró que “tampoco se encuentran demostrados los riesgos que nos persuadirían de adoptar un temperamento adverso a lo peticionado por la defensa”, haciendo referencia a la devolución de bienes.
Paliotti había insistido que en “las medidas cautelares de intervención resultan las más idóneas para asegurar aquellos bienes que podrían haberse y/o estarían utilizándose para la comisión de los hechos o bien se mantenga inalterable”.
Detalló que no deberían de levantarse “hasta tanto, se sustancie la audiencia de juicio que defina la situación de los aquí imputados y el destino final de los bienes alcanzados por las intervenciones judiciales dispuestas”.
A pesar de restituirse los bienes, el proceso judicial en curso continuará con el objetivo de probar la presunta formación de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos de fondos del Estado, mediante los cuales la familia Kirchner alquiló viviendas y hoteles.
A fines del mes de marzo, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, había solicitado ante el juez Daniel Obligado, y a través de un escrito, dar por finalizadas las intervenciones judiciales sobre dichas sociedades en un plazo máximo de 60 días.
“Las intervenciones que se han dispuesto en autos carecen de toda fundamentación y de manera alguna pueden ser mantenidas sine die (sin plazos o fechas determinadas)”, justificaba Beraldi.