El Gobierno de Javier Milei está etudiando y observando las operaciones de unas 60 empresas estatales repartidas en doce áreas del Gobierno Nacional. “Cualquier activo que pueda ser gestionado por el sector privado, eventualmente dejará de estar bajo la supervisión del Estado”, es la idea que repiten algunos miembros de la administración liberal, evocando la Argentina de la década de los noventa.
No obstante, la atención de la gestión se centra actualmente en los planes específicos de privatización total, parcial o concesión para cada una de las ocho empresas que quedaron bajo estos procesos tras la aprobación de la Ley Bases. Las empresas involucradas son: Enarsa, Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Intercargo, AySA, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Corredores Viales.
El proceso de privatización está siendo conducido por Diego Chaher, director de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, y cuenta con la supervisión especial del ministro de Economía, Luis Caputo.
“Va a haber venta de activos por miles de dólares”, dijo Caputo la última semana como un ejemplo de cómo se generarían ingresos a las reservas al Banco Central de la República Argentina (BCRA) sin que el ente monetario tenga que compar en el mercado de cambios.
Las opciones para llevar adelante estas privatizaciones incluyen tres modelos, que podrían aplicarse de forma individual o simultánea:
La venta de acciones a través de concursos públicos, abiertos tanto a oferentes locales como internacionales, en un esquema similar al de fusiones y adquisiciones;
- Realizar una Oferta Pública de Venta (OPV) en Bolsa; y
- Concesionar las actividades de la empresa para finalmente dar de baja su CUIT, cerrando así la compañía.
- En el Ejecutivo son conscientes de que todavía necesitan aclarar dudas para los potenciales compradores o concesionarios, a pesar del atractivo que genera Milei, su motosierra y su enfoque pro-mercado.
Entre los factores que generan dudas se encuentran la continuidad del orden macroeconómico, la posición de reservas del país, la viabilidad de las reformas impulsadas por el oficialismo y el resultado de las elecciones de medio término. Hay bancos privados y organismos multilaterales que ya están trabajando con funcionarios para organizar roadshows con inversores.
Hay al menos tres casos en los que se avanzará pronto. El más avanzado tiene que ver con la licitación de las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue (Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila), cuyas concesiones vencen a mediados de agosto.
El ministro Caputo anticipó que espera el ingreso de entre USD 400 y USD 500 millones por ese proceso. Ya existe un acuerdo con los gobernadores para que Río Negro y Neuquén puedan cobrar un canon del 1% cada una por el uso del agua.
Luego está el caso del concurso para vender las acciones de Intercargo, luego de la desregulación del sector y la habilitación de nuevas empresas a prestar el servicio de rampa en los aeropuertos. También está cerca la venta del 50% de las acciones que posee el Estado -a través de Enarsa- en Citelec, firma que a su vez controla a Transener, principal transportadora de electricidad del país.
El proceso que avanza de manera más firme es el de Corredores Viales: este año se licitarán los tramos controlados por la empresa y, una vez que finalice ese proceso, la intención es cerrarla. En AySA pimero se conformará una estructura de concesión, ya que la empresa opera en el AMBA solo con un “permiso”, y habrá un llamado a licitación internacional. Después podría avanzarse en una subasta en la Bolsa.
Desde el ámbito gubernamental se considera esencial tener en cuenta los contextos políticos y económicos. Por esta razón, la mayoría de las privatizaciones iniciales se llevará a cabo tras las elecciones, con la expectativa de que la estabilidad política y macroeconómica favorezca la llegada de nuevas inversiones.
La estrategia de privatización abarca empresas que fueron excluidas de la última versión de la Ley Bases debido a la solicitud de la oposición: Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina, y Correo Argentino.
Además, se contempla la privatización del Banco Nación, al que el Gobierno le ha retirado el monopolio sobre los salarios de los empleados públicos, junto a otras empresas bajo la supervisión de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.