En un duro comunicado, un grupo de abogadas y abogados del espacio Peronismo x la Ciudad denunció la detención arbitraria de seis militantes vinculados al peronismo y exigió su inmediata liberación. “Expresamos nuestro más enérgico repudio a las detenciones arbitrarias de las compañeras Alesia Abaigar, Iván Díaz Sánchez, Aldana Sabrina Muzzio, Candelaria Monte Cató, Joaquina Santos y Eva Mieri”, comienza el pronunciamiento, en el que se acusa al Poder Judicial de funcionar como brazo ejecutor de una persecución política.
El operativo fue ordenado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado e incluyó allanamientos en oficinas municipales y domicilios particulares, además de la detención de Eva Mieri, presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria (UP) en Quilmes y secretaria general del PJ local. “No se sabe aún de qué se les acusa”, denuncian los firmantes del comunicado, quienes señalan que estas acciones “carecen de sustento jurídico” y violan “garantías constitucionales básicas, como la libertad de expresión, el debido proceso y la presunción de inocencia”.
Desde el espacio aseguraron que estas acciones forman parte de una “escalada represiva impulsada por el gobierno nacional, con la ministra Patricia Bullrich a la cabeza, y fogoneada por personajes como Espert, quien no oculta su desprecio por la militancia popular y los derechos democráticos”. En ese sentido, sostienen que el uso del aparato judicial y policial “busca disciplinar al Pueblo y a la militancia política, especialmente a mujeres peronistas”.
“Este atropello a las libertades de un gobierno autoritario, violento y misógino pone en tela de juicio la vigencia del Estado de Derecho en nuestro país”, advierten. Asimismo, citan a Cristina Fernández de Kirchner al afirmar que “no vienen por mí, vienen por todos y por los derechos”.
Finalmente, el colectivo de abogadas y abogados exige no solo la liberación inmediata de les seis detenides, sino también “la renuncia de Patricia Bullrich, responsable política de esta avanzada autoritaria” y que “el Congreso sancione a José Luis Espert por su rol instigador y su discurso de odio”.
Concluyen: “No hay democracia sin libertades políticas. No hay justicia sin garantías. No hay paz sin Memoria, Verdad y Justicia”.