El Gobierno nacional presentó este miércoles el anteproyecto de presupuesto para 2026, en el cual se incluye una ambiciosa propuesta de reforma laboral. Según informó el secretario de Trabajo, Julio Cordero, la iniciativa prevé implementar un sistema de “salario dinámico” y avanzar hacia convenios negociados por empresa en lugar de por actividad.
Durante la sesión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Cordero explicó que la reforma se elaboró en diálogo con los firmantes del Pacto de Mayo y se propone poner en marcha en la segunda mitad de la gestión del presidente Javier Milei. El objetivo declarado es “proteger al sector privado” para que las empresas puedan sostenerse y generar empleo formal.
La propuesta incluye que cada empresa pueda negociar directamente con su sindicato interno un salario que supere el convenio colectivo general. Bajo este esquema, se espera que se otorguen aumentos individuales por mérito y productividad, en lugar de aplicar subas generales para todos los convenios. Según Cordero, esto representará una “diferencia” respecto a los salarios reales que hoy exceden los mínimos convencionados.
Otra parte sensible del plan es la eliminación de sanciones administrativas a empresas que no hubiesen cumplido con ciertas normas laborales. Cordero señaló que las multas vigentes “iban para el Estado, no para el trabajador” y que esta revisión apunta a reducir la informalidad. Al mismo tiempo, indicó que la Secretaría de Trabajo mantiene un “diálogo permanente” con sindicatos y cámaras empresarias.
El proyecto de presupuesto 2026 y la reforma laboral representarán una de las piezas clave del plan económico del Gobierno para la segunda parte del mandato. Si prospera en el Congreso, cambiaría las reglas de negociación colectiva en el país, orientándose hacia un esquema más flexible, individualizado y vinculado al desempeño. La incógnita es cómo reaccionarán los sindicatos, los empleadores y el bloque opositor frente a estos cambios.
