La presidenta del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, propuso un tratamiento exprés de la reforma, una idea que el Ejecutivo impulsa como parte de su agenda legislativa prioritaria. Sin embargo, fuentes políticas alertan que existe cautela dentro del propio oficialismo por la complejidad de articular consensos con fuerzas que no comparten completamente el enfoque de la iniciativa.
Un funcionario clave en las negociaciones es el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que además de anunciar que “el proyecto de ley está terminado”, aclaró que no se incluirán en esta etapa cambios sobre las cajas sindicales y que esos puntos quedarán para una segunda ley. Esa definición busca reducir tensiones con sectores gremiales, aunque no elimina el rechazo de sindicatos fuertes.
Dicen que estamos sacando derechos, cuando en la Argentina el 43% de los trabajadores es informal, sin respaldo ni certezas.
Esta ley moderniza para las Pymes, para las empresas y para los que laburan, por igual.
Y, sobre todo, trae soluciones y certezas, algo que la Argentina… pic.twitter.com/d5QHkmDNmE
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 11, 2025
La negociación parlamentaria se da en un contexto de fuerte presión sindical. La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió marchar el 18 de diciembre a Plaza de Mayo en rechazo al proyecto promovido por la Casa Rosada y analiza medidas de protesta y presión política que acompañen esa movilización.
Más allá del cronograma legislativo, el proyecto sufrió ajustes de último momento. Por ejemplo, se incorporó un artículo que apunta a transferir competencias de la Justicia del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires, lo que marca una señal hacia la reconfiguración del fuero laboral. Ese añadido fue considerado sorpresivo y podría ser un punto de debate clave en las comisiones que analizarán la iniciativa.
El propio inicio de la discusión en el Senado está previsto para los próximos días, con el texto girado a las comisiones de Trabajo y Presupuesto y Hacienda. Fuentes legislativas expresaron que el oficialismo aspira a abrir el debate formal “el miércoles” siguiente a la presentación, lo que implicaría varias jornadas de análisis y audiencias de expertos, sindicalistas y empresarios.
Mientras el Gobierno empuja la reforma laboral como parte de un plan más amplio para reducir la rigidez del mercado de trabajo y promover empleo formal, sectores gremiales y parte de la oposición advierten sobre la necesidad de mayor diálogo y consensos amplios. La pulseada legislativa será uno de los principales desafíos del oficialismo en las sesiones extraordinarias que terminarán el 30 de diciembre, con impacto directo en las posibilidades de sanción del proyecto antes de finalizar el año parlamentario.