En el primero, ordenó que la presidenta del PJ y otros ocho condenados (Lázaro Báez, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, José López, Raúl Pavesi, Nelson Periotti, José Raúl Santibañes y Juan Carlos Villafañe) deben presentarse en su despacho en un plazo máximo de cinco días. En el segundo documento, solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación que defina la ubicación de todos ellos.
El juez, quien condenó a la exmandataria a seis años de prisión en primera instancia, también determinó que Cristina Kirchner y los demás condenados deberán ser recluidos en instalaciones de una fuerza federal que “cumpla con las condiciones adecuadas”. Esto incluye centros de Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal y el Servicio Penitenciario Federal.
Además, Gorini destacó al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich que la líder del PJ tiene 72 años y requiere “condiciones especiales de seguridad y custodia” debido a su rol como presidenta y vicepresidenta de la Nación, así como por el intento de magnicidio del que fue objeto el 1 de septiembre de 2022.
Quién es Jorge Gorini
Jorge Gorini es un juez de 57 años que se graduó como abogado en la Universidad del Salvador. Tras una amplia trayectoria en la Justicia de instrucción, donde se desempeñó como titular del juzgado criminal 36, se integró al Tribunal Oral Federal N° 2 en septiembre de 2011, durante la primera presidencia de Cristina Kirchner. En diciembre de 2022, condenó a Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Como miembro de este tribunal, Gorini fue acusado por la defensa de la expresidenta de tener parcialidad debido a sus reuniones con Patricia Bullrich, que en ese momento era ministra de Seguridad bajo el gobierno de Mauricio Macri. Esta acusación fue desestimada por ser presentada fuera de término.
Además, un informe del Consejo de la Magistratura reveló que a Gorini le fueron sustraídas sus declaraciones juradas, lo que resultó en el robo de información personal. Posteriormente, se registraron 12 accesos no autorizados a su base biométrica del RENAPER (Registro Nacional de las Personas).
Con la información disponible de las declaraciones juradas y los datos biométricos, un experto puede crear una identidad falsa que permita a una persona aparecer en lugares donde nunca ha estado.
Gorini, además, denunció que desde una unidad básica de La Cámpora, ubicada cerca de su casa, le tomaban fotos “al entrar y salir, así como de los movimientos de su familia”.
En septiembre de 2022, durante la fase de alegatos en el juicio oral y público, se encontró un paquete sospechoso en la puerta de la vivienda del juez, el cual debió ser detonado por el escuadrón de explosivos.