La ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema de Justicia generó un fuerte revuelo en el ámbito político argentino e internacional. La resolución del máximo tribunal, que confirmó tanto la sentencia a seis años de prisión como la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por supuestos hechos de corrupción en la causa Vialidad, fue recibida con duras críticas por referentes del peronismo, quienes consideraron que el fallo fue un nuevo acto de persecución y configura una amenaza al pacto democrático.
Desde el Congreso de la Nación, el jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, calificó la resolución como “un atentado contra la democracia” y aseguró que con esta decisión judicial “algo del pacto del ’83 se rompió”. En declaraciones radiales, el legislador nacional apuntó también contra sectores del radicalismo que celebraron el fallo, al señalar que “se están equivocando, se levanta Carlos Nino y les pega una patada en el culo”.
Martínez advirtió que existe un intento de disciplinamiento político a través del Poder Judicial, y afirmó que se debería “refundar el acuerdo democrático con quienes no estén dispuestos a disciplinarse como felpudos ante el poder corporativo”. En ese marco, responsabilizó al presidente Javier Milei, al sostener que “es parte de esta operación, sin lugar a dudas, por acción u omisión”.
La persecución política y el rol del Poder Judicial
El diputado también enmarcó el fallo de la Corte en lo que describió como “la larga historia de la persecución contra el peronismo”, y consideró que la coyuntura actual requiere de organización, militancia y presencia territorial. “No es tiempo de llaneros solitarios, es tiempo de organización política, militancia y clara presencia empática en todos los lugares donde haya argentinos perjudicados por las políticas de Milei”, manifestó.
En ese mismo sentido, Martínez describió la condena como parte de una estrategia que se prolonga en el tiempo. “Es la consumación de una infamia en la que trabajaron 12 años para lograr lo que lograron; haciendo que el expediente circule por todos los lugares donde estaban los amigos de (Mauricio) Macri, los amigos del poder”. Y añadió que “es un fallo vergonzoso, por el contenido y por el contexto comunicacional del fallo”.
Por su parte, la senadora nacional Juliana Di Tullio, presidenta del bloque Unidad Ciudadana, remarcó la figura de la expresidenta y rechazó cualquier intento de proscripción. “Cristina va a seguir conduciendo, no importa adónde la quieran meter presa”. Para Di Tullio, el fallo judicial produjo “la unidad del campo nacional y popular” y señaló que se abre “una nueva etapa de la resistencia peronista”.
La unidad del peronismo
En sus declaraciones, Di Tullio lamentó la prohibición para que Fernández de Kirchner se presente como candidata en la provincia de Buenos Aires. “Me hubiera gustado votarla en la provincia de Buenos Aires, me quitaron esa posibilidad a mí y a millones de bonaerenses”, expresó. Según la senadora, la decisión judicial revela un desconocimiento profundo de la historia política del país. “Esto no se terminó, recién empieza. ¿Habrán leído algún libro de historia alguna vez?”, preguntó retóricamente.
Además, cuestionó el rumbo institucional del país tras el fallo. “La Argentina tal como la conocimos, terminó ayer y no para mejor. Gobiernan los intereses de los poderes económicos y ahí no gana la gente, nunca”, sostuvo. Según su lectura, la exmandataria “está probándose un nuevo traje en la historia, el que le acaban de poner”.
Por su parte, el otro jefe del bloque de senadores José Mayans (Frente Nacional y Popular) tildó al fallo como “absolutamente político e injusto”. Afirmó que Cristina “no ha tenido un juicio justo” y denunció la inexistencia de una verdadera división de poderes en el país. “En Argentina no hay justicia, no existe la división de poderes”, afirmó.
Críticas a la Corte y denuncias contra Comodoro Py
Mayans cuestionó que el Poder Ejecutivo actúe como si no tuviera límites institucionales. “Tenemos un DNU 70/23 que rechazamos por más de dos tercios en el Senado, que viola la Constitución Nacional porque modificó 300 leyes”, señaló. También, criticó la legitimidad del Consejo de la Magistratura actual, al manifestar que “tenemos un Consejo de la Magistratura basado en una ley que fue derogada por el Congreso. Es gravísimo”.
El senador formoseño apuntó además contra los jueces de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Py. “La Cámara de Apelaciones de Comodoro Py está puesta a dedo por Mauricio Macri y de forma irregular”, denunció. Según su testimonio, los magistrados fueron designados tras encuentros informales con el expresidente y nunca cumplieron el proceso de aprobación del Senado.
“El fallo es absolutamente político e injusto”, insistió el senador formoseño, que aseguró que la Corte ratificó una estructura judicial ilegítima. “Esa misma Cámara tuvo la oportunidad de ser ratificada por el Senado, porque se enviaron los pliegos, pero se negaron a venir al acuerdo con el Senado. No vinieron y esta Corte corrupta lo mismo los ratificó”, añadió.
El llamado a la institucionalidad y la lucha por la democracia
Asimismo, Mayans lanzó una dura acusación sobre el funcionamiento del Congreso. “El Gobierno puso muchas trabas para que el Parlamento funcione, alteraron la composición de las comisiones, falsificaron los resultados de los despachos, no reúnen las comisiones y las traban”, afirmó. A su entender, se trata de una estrategia coordinada para socavar el sistema representativo.
“Todos los argentinos queremos que haya justicia y combate contra la corrupción, pero tiene que ser aplicado en el debido proceso y no al boleo y traída de los pelos”, remarcó. Para Mayans, el Poder Judicial actúa con motivaciones políticas y responde a intereses económicos. “Después de 40 años de democracia, los argentinos no tenemos división de poderes y, mucho menos, respeto por el estado de derecho”, concluyó.
Tanto en la Cámara alta como en Diputados, los legisladores de Unión por la Patria coincidieron en interpretar el fallo como una señal preocupante para la calidad institucional del país. La ratificación de la condena a la presidenta del PJ no solo define su situación judicial, sino que establece un punto de inflexión en la actuación del Poder Judicial y la vigencia del pacto democrático de 1983.
