La presentación de la iniciativa impulsada por el diputado nacional Eduardo Valdés y por el colectivo Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, se llevó a cabo en el salón auditorio de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en el marco de las actividades conmemorativas por el 49° aniversario de la Masacre de San Patricio en la que el terrorismo de Estado asesinó a cinco miembros de la congregación palotina.
Del panel encabezado por el exembajador argentino ante la Santa Sede, participaron los diputados nacionales Sabrina Selva y Ricardo Herrera, coautores del proyecto que recibió además la adhesión de otros treinta diputados y diputadas; el párroco de San Patricio, P. Juan Sebastián Velasco; la presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, Mónica Cápano; y Ramiro Varela, integrante de Palotinos por la Memoria.
El encuentro contó además con la participación de familiares de las víctimas y del periodista Eduardo Kimel, el primero en investigar el crimen y -paradójicamente- el único que recibió una condena hasta el momento; como así también de legisladores y legisladoras nacionales y de representantes de organismos de Derechos Humanos, comunidades religiosas y organizaciones gremiales.
En su intervención, Valdés destacó que “Jorge Bergoglio fue el confesor del Padre Alfredo Kelly, una de las cinco víctimas y párroco de San Patricio al momento del hecho”, al tiempo que recordó las visitas que el por entonces arzobispo de Buenos Aires realizó a la parroquiatanto en 2001 como en 2005. “Fue en aquel entonces -2005- que el propio Bergoglio inició el proceso de canonización de los cinco palotinos”, enfatizó.
Por su parte, Ramiro Varela sostuvo que este proyecto pretende coronar un trabajo que la comunidad palotina viene desarrollando a lo largo de los años, “no sólo para preservar y poner en valor el predio de la parroquia, al cual declaramos Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires a fines del año pasado, sino también para seguir construyendo memoria en el espacio público, con logros como la adición del nombre ‘Mártires Palotinos’ a la estación Echeverría de la Línea B de Subterráneos”.
En este mismo sentido, Mónica Capano sostuvo que “el patrimonio no es solamente de piedra y cal, sino que tiene todo una dimensión inmaterial vinculada a su valor histórico y cultural que, en este caso particular, busca simbolizar un hecho traumático y lo transforma en memoria viva”. A su vez, el sacerdote Juan Sebastián Velasco, quien a su vez es elpostulador de la causa canónica para que los cinco religiosos sean reconocidos oficialmente como mártires de la Iglesia, sostuvo que “este tipo de iniciativas ayudan a promover la fama de martirio”.
Sobre el final de la actividad, Valdés recibió el aplauso de toda la concurrencia al afirmar: “Vamos a militar para que avancen tanto la causa canónica como la penal”.
La causa penal
En la madrugada del 4 de julio de 1976, un grupo de tareas ingresó a la casa parroquial de San Patricio y acribilló a balazos a los sacerdotes palotinos Alfredo Kelly, Alfredo Leaden Pedro Dufau y a los seminaristas Emilio Barletti y Salvador Barbeito, en lo que constituye e mayor atentado cometido contra la Iglesia católica en Argentina y uno de los crímenes más emblemáticos perpetrados por la dictadura cívico-militar.
La causa penal por el asesinato de los palotinos está a cargo del juez Daniel Rafecas, quien actualmente lleva adelante la instrucción como parte de la investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la estructura represiva que operaba en el centro clandestino de detención tortura y exterminio que funcionó en la Superintendencia de Seguridad Federal durante la última dictadura cívico-mlitar.
La semana pasada, la querella encabezada por el abogado Pablo Llonto presentó un escrito solicitando que diez efectivos de la Comisaría 37 de la Policía Federal, los cuales tuvieron participación en la liberación de la zona y en el encubrimiento posterior del hecho, sean citados a prestar declaración indagatoria de manera urgente. También reiteraron el pedido de indagatoria al ex juez Guillermo Rivarola, quien tuvo a su cargo la primera instrucción de la causa y omitió deliberadamente investigar a los policías.
