La medida se ampara en los precedentes de la Corte Suprema que reconocieron el derecho de los trabajadores a la indemnización por despido arbitrario, y a su vez busca que los trabajadores logren la estabilidad luego de transcurridos 10 años sin que el Estado haya llevado adelante los concursos que fija la ley.
El diputado nacional Eduardo Valdés presentó un proyecto para modificar la Ley de Empleo Público (N° 25.164) con el objeto de garantizar el derecho a la indemnización en caso de despido injustificado, y el derecho a la estabilidad luego de que los trabajadores se hubieren desempeñado más de 10 años en forma ininterrumpida sin que el Estado hubiera impulsado el concurso previsto en la ley para el pase a la planta permanente. La iniciativa se enmarca en una coyuntura adversa para los derechos de los trabajadores luego del anuncio del envío al Congreso de la reforma laboral.
“Es paradójico que el Estado le exija al sector privado, luego de superado el plazo de tres meses del periodo de prueba, que asuma la indemnización ante un despido injustificado, pero por otro lado el propio Estado pueda despedir a un trabajador luego de transcurridos 5, 10 o 28 años de antigüedad, como ha ocurrido con varios trabajadores desvinculados a partir del 10 de diciembre de 2023 a la fecha, sin pagar indemnización alguna”, dijo Valdés al fundamentar su proyecto.
“Queremos reparar una situación de desigualdad y desprotección que afecta a miles de trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional que, pese a cumplir de manera continua y sostenida durante años las funciones ordenadas por su empleador, permanecen contratados bajo regímenes transitorios, precarios o de excepción, y luego son despedidos sin ninguna causa de justificación y sin derecho a indemnización”, continuó el legislador nacio0nal de Unión por la Patria.
La iniciativa se fundamenta en los principios constitucionales de igualdad ante la ley y protección contra el despido arbitrario (arts. 14 bis y 16 de la CN), pero sobre todo en la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema, contundente al declarar inconstitucional la utilización abusiva de contrataciones temporales por parte del Estado para evadir derechos laborales.
La medida establece que luego de 4 años de servicio continuo todo trabajador contratado por el Estado en forma temporaria tendrá derecho a la misma indemnización que el personal de planta permanente, si es desvinculado sin causa.
“Este proyecto es una respuesta legislativa a lo que la Corte Suprema ya ha dicho: el Estado no puede despedir trabajadores que llevan años cumpliendo funciones permanentes como si fueran eventuales. Es tiempo de reparar esa injusticia”, sostuvo Valdés.
El proyecto establece una cláusula transitoria proponiendo la aplicación retroactiva a los despidos producidos desde el 10 de diciembre de 2023, en el marco de recortes de personal buscando evitar una avalancha de juicios contra el Estado, en los cuales sería condenado teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
Por último, la iniciativa propone que, luego de transcurridos diez (10) años desde la contratación, sin que la Administración haya dado cumplimiento a los concursos para efectivizar el pase a planta permanente, el trabajador/a adquirirá, de pleno derecho y en forma automática -sin necesidad de acto administrativo alguno-, la condición de estabilidad en el empleo.
“Este proyecto busca terminar con la precarización estructural en el empleo público. Los argentinos ya comprobamos en el año 2000 que la flexibilización laboral no es la solución para los problemas económicos que sufre el país. Los trabajadores, tanto del sector publico como del sector privado, no son los culpables de la actual crisis económica que atraviesa el empleo y las pymes en la Argentina. Son las políticas económicas recesivas impulsadas por el gobierno de Milei las que afectan el consumo, el empleo, el mercado interno y toda la cadena productiva”, Sobre la importancia del trabajo, Valdés concluyó citando al Papa Francisco: “El trabajo no debería ser sólo una fuente de ingresos, sino una forma de construir dignidad, comunidad y sentido”.
El proyecto cuenta hasta el momento con las firmas de los diputados Hugo Yasky, Leandro Santoro, Lorena Pokoik, Santiago Cafiero, Carolina Gaillard, Mónica Macha, Hilda Aguirre, Varinia Marin, Nancy Sand, María Luisa Chomiak, Jorge Araujo, Eugenia Alianello, Jorge Romero, Natalia Zabala Chacur, Ana María Ianni.
