En una decisión clave del gobierno de Javier Milei, se oficializó el llamado a licitación pública nacional e internacional para concesionar durante 30 años cuatro represas hidroeléctricas del Comahue —Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila— con una recaudación estimada en US$ 500 millones, según lo informado por el ministro de Economía, Luis Caputo.
Estas centrales, localizadas en Neuquén y Río Negro y operando sobre el río Limay, representan aproximadamente el 10 % de la producción eléctrica nacional, siendo energías limpias y con costos operativos inferiores a las centrales térmicas.
El paso legal para avanzar con la reprivatización fue marcadamente contenido en el decreto 718/2024, firmado por el presidente Milei, luego del vencimiento de las concesiones anteriores en agosto de 2023. Durante la administración previa, estas se prorrogaron en siete ocasiones mientras se discutía un modelo de gestión estatal; la última extensión está vigente hasta el 30 de diciembre de 2025 o hasta el momento en que finalice el proceso licitatorio.
El acuerdo integral con Neuquén y Río Negro incluyó el reconocimiento de esas provincias como propietarios del agua que fluye por sus territorios, condiciones exigidas desde hace más de 30 años. También define criterios de reparto de regalías por la generación eléctrica y un canon por el uso del agua, junto con compromisos de las concesionarias en materia de seguridad e información hidrometeorológica.
La medida generó críticas importantes, como la de la exsubsecretaria de Hidrocarburos, Cecilia Garibotti, quien advirtió que la privatización implica “resignar el control estatal sobre un recurso estratégico” y sospecha que sin un debate público adecuado podría derivar en nuevos aumentos de tarifas, ya que los operadores privados buscarían maximizar beneficios.
En ese sentido, Garibotti criticó la falta de planificación a largo plazo que permitiría recuperar el control estatal del sistema energético —y especialmente de la energía hidroeléctrica, la más barata del sistema—, y alertó por la urgencia política del gobierno al lanzar esta operación justo en el marco de un año electoral.