El Observatorio del Derecho a la Ciudad y el Movimiento “La Ciudad Somos Quienes La Habitamos” alertaron sobre las consecuencias del avance privatizador del Gobierno Nacional sobre la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). A través del decreto 493/2025, publicado el 22 de julio, el Poder Ejecutivo modificó el marco legal que impedía la venta de acciones de la empresa, abriendo paso a su privatización total o parcial. Para las organizaciones, este cambio representa “el fin del agua como derecho humano y su conversión en una mercancía para quien pueda pagarla”.
El decreto modifica el artículo 2° del decreto 304/06, que garantizaba la propiedad estatal mayoritaria e intransferible de AySA. Esta medida se suma a otras decisiones que apuntan a “hacer rentable” a la empresa para los inversores privados, como la quita de subsidios y los aumentos tarifarios que llegaron hasta un 1500% durante 2024. La decisión fue confirmada días atrás por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien justificó la medida con argumentos que, según los autores del informe, “faltan completamente a la verdad”, ya que AySA cerró el último ejercicio con superávit.
El nuevo marco regulatorio publicado elimina garantías clave: permite la suspensión del servicio por falta de pago, habilita actualizaciones mensuales de tarifas y elimina la obligación de ampliar la cobertura a barrios populares. “Esto no es un cambio técnico: es un cambio de paradigma. La cobertura universal deja de ser un objetivo y el servicio pasa a gestionarse con criterios de rentabilidad”, sostuvieron la ingeniera María Eva Koutsovitis y el abogado Jonatan Baldiviezo, autores del posicionamiento.
Históricamente, el servicio de agua y saneamiento en Argentina atravesó distintas etapas de avance y retroceso. Durante la primera mitad del siglo XX, la inversión pública convirtió al país en referente regional. Sin embargo, la última dictadura y, luego, las privatizaciones de los ‘90 desfinanciaron al sistema. El área de prestación de AySA abarca hoy la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, donde viven más de 15 millones de personas.
La privatización de AySA no se da en aislamiento. Se enmarca en un proceso más amplio de desmantelamiento institucional que incluye la disolución del ENOHSA —el organismo encargado de las políticas de agua a nivel nacional— y el desguace del Instituto Nacional del Agua, que se dedicaba a tareas estratégicas como el monitoreo de cuencas y la planificación de obras hidráulicas. “Se desarma el andamiaje técnico del país en esta materia”, advirtieron desde el Observatorio.
Hoy en Argentina, más de 7 millones de personas no tienen acceso a agua potable y 20 millones no cuentan con cloacas. Las consecuencias son profundas: menor esperanza de vida, mayor mortalidad infantil y sobrecarga en tareas de cuidado para las mujeres. Para las organizaciones sociales, el debate no debe centrarse en la rentabilidad de las empresas públicas, sino en garantizar el acceso al agua en condiciones de igualdad y con inversión estatal sostenida.
“Privatizar AySA es repetir los errores del pasado: tarifas inaccesibles, servicio deficiente y degradación ambiental”, concluyeron Koutsovitis y Baldiviezo. Desde su perspectiva, el país debería discutir la gratuidad del acceso al agua y no su mercantilización. La publicación del nuevo marco regulatorio marca un punto de inflexión en la política de saneamiento en Argentina y reabre una discusión histórica sobre el rol del Estado en los servicios esenciales.