La Casa Rosada ha ordenado la destitución de empleados de la Procuración del Tesoro tras conocer supuestas filtraciones y la comercialización de información relacionada con el caso del Estado Nacional contra Burford por la nacionalización de YPF. A pesar del secretismo que rodea la manera en que surgieron estas sospechas, en el Gobierno se menciona que se implementará una reforma dentro del organismo.
“Creemos que hubo venta de información”, afirmó una fuente inobjetable del Gobierno, alegando que habría habido una filtración al interior de la Procuración del Tesoro, el área que se encarga de llevar todos los servicios jurídicos en representación del Estado Nacional.
En las últimas semanas hubo preocupación en las filas de la Procuración por diferentes asuntos relativos a la estrategia judicial que se revelaban sin haber sido autorizadas por los altos mandos del organismo, que no se caracteriza por ese tipo de manejos, ya que puede comprometer el normal desenvolvimiento de la posición argentina en ciertos litigios de alta sensibilidad.
El Procurador del Tesoro es Santiago Castro Videla, quien fue llevado a la gestión libertaria a través de la sugerencia del entorno de Santiago Caputo. Aunque la venta de información habría sucedido, en el Gobierno optan por no ratificarlo en público debido a que eso implicaría generar mayor ruido a todo el proceso. Tampoco qué tipo de archivos o cuestiones sensibles se habrían filtrado.
Luego de estos acontecimientos, el funcionario procederá a disolver diversas áreas internas del organismo. Se anticipa que, tras la divulgación de esta información, se emitirá un comunicado que explique las nuevas reestructuraciones. “El Procurador Castro Videla está llevando a cabo una purga; estamos hablando de un organismo que gestiona causas que implican millones de dólares”, aseguraron desde la Casa Rosada.
“La medida cautelar y la orden solicitadas por los demandantes que exigen a Argentina sobre su propiedad soberana en su propio territorio violarían leyes de inmunidad soberana y no deberían ser concedidas por la Corte”, se indicó en un documento de 10 páginas presentado por el Gobierno de Estados Unidos en el contexto del juicio por la expropiación de YPF.
El anuncio, firmado por David E. Farber, asistente del fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, marca un nuevo capítulo en la disputa legal que comenzó en 2012.
El centro del conflicto radica en la solicitud de Burford Capital para adquirir el 51% de las acciones que el Estado argentino posee en la empresa. En 2023, Burford fue reconocido como el principal beneficiario de la decisión de primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien ordenó a Argentina el pago de 16.000 millones de dólares por la expropiación considerada irregular.
La estrategia del gobierno argentino se centra en atraer apoyos internacionales, buscando que otros países se presenten como amicus curiae ante la corte de apelaciones. Se ha informado que la lista de posibles aliados podría incluir a Uruguay, Paraguay y El Salvador en América, así como a Italia, Francia y Alemania en Europa, aunque aún no hay confirmación oficial y podrían unirse más naciones.
Esta táctica conjunta involucra a la Cancillería y la Procuración del Tesoro, la entidad responsable del caso, junto con los despachos jurídicos contratados en el extranjero.
