Preocupación de AJUNAF por el cierre de programas de género y diversidad

La Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF) manifestó su profunda preocupación por la publicación de las resoluciones 291/2025 y 292/2025 del Ministerio de Justicia de la Nación, difundidas el pasado 16 de mayo en el Boletín Oficial. A través de estas medidas, se dio de baja a programas nacionales que garantizaban derechos de las mujeres y de la diversidad de género.

Las resoluciones ministeriales justifican la decisión en supuestas “dificultades de medición de resultado” de los programas y en “limitaciones para atender demandas sociales”, además de señalar la necesidad de administrar los recursos estatales “con eficiencia y responsabilidad”. Sin embargo, desde AJUNAF cuestionan la falta de propuestas que reemplacen estas iniciativas, alertando sobre el impacto directo que podría tener sobre las poblaciones beneficiarias.

“Más allá de que es razonable que el Poder Ejecutivo Nacional establezca su propia política pública en la materia”, advierte la asociación, preocupa que “no se establezca cómo el Estado Nacional va a atender la demanda social” ni cómo se van a implementar “medidas positivas destinadas a ejecutar políticas públicas estatales que garanticen derechos en el marco de la perspectiva de género”.

Desde AJUNAF también recordaron que el Estado tiene “el deber constitucional de diseñar políticas públicas tendientes a asegurar la efectiva vigencia de los derechos de las personas cuyos derechos pueden verse vulnerados”, en cumplimiento de tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (ley 23.179) y la Ley de Identidad de Género (ley 26.743), entre otros marcos normativos.

La preocupación se intensifica con la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 62/2025, que modificó el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, prohibiendo “el acceso de personas menores de edad a los tratamientos integrales hormonales”. AJUNAF denuncia que el decreto fue emitido “sin que en los fundamentos se aluda a datos o evidencias científicas correspondientes a la República Argentina”, y advierte que la prohibición “podría causar perjuicios en adolescentes”, constituyendo “una barrera discriminatoria” en el acceso a la salud.

Finalmente, la organización exhortó “al Poder Ejecutivo Nacional que cumpla con su deber” de garantizar los derechos establecidos en la legislación vigente, y pidió al Congreso que se pronuncie “en el marco de la ley 26.122 sobre el DNU N°62/PEN/2025”. El comunicado fue firmado por María Silvina Besoin, vicepresidenta de AJUNAF, el 19 de mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.