El Ministerio de Justicia ha decidido retrasar la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad de Buenos Aires, así como en la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico. La entrada en vigencia, que estaba programada para este lunes 11 de agosto, se ha pospuesto ahora para el 10 de noviembre de 2025.
La resolución oficial que respalda esta decisión es la 530/2025, la cual fue publicada este lunes en el Boletín Oficial y lleva la firma del ministro Mariano Cúneo Libarona. La normativa original, que establecía esta fecha de inicio, fue aprobada en marzo.
En lo que respecta a las Cámaras Federales de Apelaciones de Posadas y La Plata, la implementación del Código está programada para el 16 de marzo y el 18 de mayo de 2026, respectivamente. Según el Ministerio, la decisión de postergar se fundamentó en un informe de la Procuración General de la Nación, que indicó que “no se cumplen los requisitos técnicos, operativos y de infraestructura mínima necesarios para asegurar el inicio efectivo del sistema acusatorio en la justicia federal” de la ciudad.
Para prevenir una “situación de conflicto institucional” que pueda afectar el servicio de Justicia, la resolución determina posponer “por única vez y con carácter excepcional e improrrogable” la activación del nuevo sistema. Este nuevo enfoque transfiere la responsabilidad de la investigación de los jueces a los fiscales y se lleva a cabo principalmente de manera oral, con limitada documentación escrita.
El documento indica que el período adicional es “razonable y adecuado” para acelerar las labores preparatorias y finalizar gestiones extraordinarias llevadas a cabo por el Ministerio, con el apoyo de otros participantes del sistema judicial. Desde marzo, se ha reanudado el proceso de implementación con el propósito de “activar el nuevo sistema de enjuiciamiento penal a nivel federal” en un entorno de “austeridad en el sector público nacional” y problemas económicos.
En este marco, sostienen que las carencias en infraestructura son consecuencia de la falta de planificación en la gestión del presupuesto asignado a los organismos que forman parte del sistema de Justicia Federal. Según mencionan, estas limitaciones representan un reto para el modelo procesal.
Entre las resoluciones adoptadas para dar inicio a “la transformación del sistema procesal penal federal”, el Ministerio destacó la remodelación y modernización tecnológica de las salas de audiencia, la compra de software de vanguardia para investigaciones complejas, la adquisición de computadoras y laptops, así como la planificación de actividades de formación para jueces, fiscales, defensores y funcionarios en todos los niveles.
En el comunicado, el Ministerio de Justicia se comprometió a solucionar la crisis de infraestructura y a crear las condiciones indispensables para la implementación completa de la reforma en todo el territorio nacional.
Cómo es el nuevo Código
Presentado en marzo de 2024 por Cúneo Libarona, el flamante Código tiene como objetivo “una transformación total de la Justicia”, adoptando un modelo similar al que se lleva a cabo en Jujuy y Salta desde 2015. Con la implementación de este nuevo código, todas las causas serán gestionadas por el Ministerio Público Fiscal.
Otro de los cambios significativos es que el sistema se convertirá en mayor medida en oral, con el propósito de agilizar los procesos judiciales, y será adversarial, lo que significa que tanto la fiscalía como la defensa expondrán sus argumentos ante un juez imparcial.
“El fiscal se convierte en quien impulsa la investigación y realiza las acusaciones contra el presunto delincuente, mientras que el juez actúa como árbitro y se asegura de que se cumplan las garantías del proceso. El imputado se defiende de las acusaciones presentadas por la fiscalía”, explicó el funcionario de Justicia.