La titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, lideró en el municipio de Avellaneda la entrega de 160 viviendas para miembros de las Fuerzas Federales, como parte de un programa nacional que incluye un total de 329 unidades habitacionales rehabilitadas en diversas regiones del país.
La funcionaria destacó que se trata de hogares provenientes del plan Procrear, cedidos al Ministerio de Seguridad por el Ministerio de Economía, y reasignados a los agentes.
“El Ministerio de Economía nos cedió viviendas del plan PROCREAR y las destinamos a quienes nos protegen todos los días: nuestras Fuerzas. Entregamos 160 casas en Avellaneda. Van directo a ellos, sin intermediarios, sin amigos de la política. Es el inicio de un plan federal que recupera 329 viviendas en todo el país”, detalló Bullrich en su cuenta oficial de X.
El acto en Avellaneda marcó el comienzo del nuevo esquema de distribución de viviendas. “¡Felicitaciones a las familias que hoy abren la puerta de su nuevo hogar! Esto es cuidar a quienes nos cuidan”, cerró en su publicación la ministra de Seguridad de la Nación.
En el comunicado compartido por el ministerio, también se hizo hincapié en que las casas serán dirigidas por las mismas fuerzas. “Las viviendas serán administradas de manera directa por las propias fuerzas, sin intermediarios, garantizando así su correcta asignación, uso y mantenimiento”, explicaron.
“Este es un paso concreto para mejorar la calidad de vida de quienes día a día ponen el cuerpo por la seguridad de todos los argentinos. Cuidamos a quienes nos cuidan”, finalizaron en la publicación del organismo de seguridad.
Bullrich explicó: “Un plan que en muchos casos estaba mal destinado porque el Ministerio de Economía ha encontrado viviendas, en algunas partes del país, que no se usaban para una familia, sino que se alquilaban en Airbnb, entonces seguir con este sistema realmente era una mala idea”.
“Esto podía ser una salida importante al problema de los alquileres que tienen los miembros federales de las fuerzas de seguridad que pagan fortuna por alquiler. Esta será una media de tantas que tenemos que tomar para terminar con este problema”, agregó la ministra, sobre el apoyo que recibió desde el Ministerio de Economía para no tener que depender más de localidades pagas.
CASAS PARA QUIENES NOS CUIDAN
El Ministerio de Economía nos cedió viviendas del plan PROCREAR y las destinamos a quienes nos protegen todos los días: nuestras Fuerzas.
Entregamos 160 casas en Avellaneda. Van directo a ellos, sin intermediarios, sin amigos de la política. Es el… pic.twitter.com/pbMbhIQmIZ
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 24, 2025
“Tenemos una distribución geográfica que la vamos a ir dando a conocer en la medida que se van terminando los proyectos. Tenemos en muchos lugares en Buenos Aires: Ezeiza, Morón, San Martín, San Miguel, San Nicolás, acá en Avellaneda. También en CABA, en Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Tierra del Fuego”, dijo la funcionaria sobre los distintos lugares donde se seguirán entregando viviendas destinadas a los agentes.
Semanas atrás, el Gobierno había oficializado la disolución definitiva del Fondo Fiduciario Público Pro.Cre.Ar mediante la Resolución 764/2025, publicada el pasado 9 de junio, y el Decreto 1018/2024.
A través de la resolución publicada, el Ministerio de Economía ha iniciado el proceso de liquidación del Fondo Pro.Cre.Ar, además de definir los procedimientos para la gestión de los préstamos vigentes, que serán administrados por el Banco Hipotecario S.A. El Gobierno justificó esta decisión por la necesidad de “optimizar el funcionamiento del Estado, disminuir su tamaño excesivo y hacer más transparente el gasto”, considerando que el financiamiento para viviendas debería ser manejado por bancos comerciales en lugar de ser gestionado directamente por el Estado nacional.
En los fundamentos de la decisión, se hace referencia a informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que identificaron “retrasos en la entrega de viviendas, condiciones de habitabilidad inadecuadas en las unidades adjudicadas, manuales de procedimiento desactualizados y problemas en el control y supervisión de recursos”. La auditoría también destacó los sobrecostos generados por los retrasos y una administración catalogada como poco transparente y poco ágil.
