El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, fue acusado de intentar privatizar el Obelisco, uno de los monumentos más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. La denuncia fue realizada por el titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan E. Baldiviezo, a través de sus redes sociales, donde calificó la medida como un nuevo intento del Gobierno de desentenderse de lo público. “¡Privatizan el Obelisco!”, alertó.
Según Baldiviezo, la administración porteña pretende concesionar el mirador del Obelisco por cinco años a una empresa privada, que obtendría el derecho a explotar comercialmente ese espacio. “Jorge Macri vuelve a demostrar su incapacidad para gestionar lo público. Ahora quiere concesionar el Obelisco por 5 años a un privado que explotará el mirador construido con dinero de todos los porteños”, expresó en sus redes sociales.
Una de las principales críticas del Observatorio apunta a la falta de una audiencia pública previa, lo que —según argumentan— constituiría una violación a la Constitución de la Ciudad. “Sin audiencia pública, violando la Constitución de la Ciudad”, denunció Baldiviezo, en referencia a la omisión de este paso clave en el proceso de concesión.
¡Privatizan el Obelisco!
Jorge Macri vuelve a demostrar su incapacidad para gestionar lo público. Ahora quiere concesionar el Obelisco por 5 años a un privado que explotará el mirador construido con dinero de todos los porteños.Sin audiencia pública, violando la… pic.twitter.com/a1Fa5U1tNY
— Jonatan E Baldiviezo (@jonatanbaldivie) May 23, 2025
El contrato que el Gobierno porteño busca aprobar prevé un canon base de apenas $14,5 millones, una cifra que Baldiviezo consideró irrisoria frente al valor simbólico e histórico del monumento. “Canon base: apenas $14,5 millones”, detalló con indignación. Cabe recordar que el Obelisco fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2019, lo que le otorga una protección especial en términos legales.
“El Obelisco, monumento histórico nacional desde 2019, en manos privadas”, resumió Baldiviezo, quien remarcó la gravedad de poner en manos de un privado un bien que forma parte del patrimonio colectivo de los porteños.
Desde el Observatorio, anticiparon que podrían iniciarse acciones legales para frenar esta iniciativa y exigir el cumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana que exige la Constitución local.
