En la Ciudad de Buenos Aires rige una ley destinada a proteger y preservar el arbolado público. Sin embargo, desde su sanción en 2009 el cumplimiento de la norma es inexistente. Esta situación llevó a organizaciones ambientalistas a recurrir a la Justicia para exigir por su aplicación y, a su vez, para frenar las podas y talas de ejemplares realizadas sin el aval técnico, que ponen en riesgo un bien común clave frente al cambio climático.
Según datos proporcionados por los grupos consultados por Noticias Urbanas, en el ámbito porteño se registran, por semana, de dos a tres operativos de podas de árboles que no se adecúan a la ley. En muchas ocasiones, los trabajos se ejecutan ignorando el ciclo en el que se encuentra cada especie, como la brotación, la floración, la fructificación y el desfoliado.
La razón que manifiestan los inspectores que coordinan las tareas están relacionadas con la seguridad en los barrios y van desde la necesidad de despejar las luminarias públicas hasta facilitar la visión de las cámaras de seguridad instaladas en las calles, que son algunas veces, de particulares y otras del Estado. Los motivos están casi siempre lejos de guardar un criterio ambiental.
Entonces, los cortes de ramas se efectúan en ejemplares que están cercanos a los postes de luz o a los domos que captan imágenes en 360 grados y se aplican hasta la altura que requiera el rango de alcance de los dispositivos. No existen informes técnicos que avalen las intervenciones o que indiquen un estado fitosanitario del ejemplar que respalde la poda. Tampoco los inspectores cuentan con documentación que la justifique.
Es cierto, sin embargo, que el despeje de ramas de los árboles es una de las demandas ciudadanas que más reciben en las Comunas. También, es uno de los pedidos que más se repiten durante las reuniones entre vecinos y funcionarios porteños. “Prefiero una cuadra sin árboles, pero estar tranquila”, dijo una mujer que solicitó la poda de un ejemplar porque impedía que la luz pública llegara a iluminar la entrada a su vivienda.
Según la ley 3263 de arbolado público, las autoridades porteñas, entre otras acciones, deben precisar tareas de conservación de los ejemplares arbóreos, adoptando las medidas que juzgue convenientes y necesarias en salvaguarda de las plantaciones existentes y que tiendan a mejorar su desarrollo, en tanto que prohibe la poda, salvo en casos autorizados.
Para llevar adelante los operativos, tanto de extracción como de corte de ramas de los árboles, el Gobierno porteño licitó el servicio. En el último contrato, firmado en 2023, quedó establecido -tal como lo fija la ley- que las empresas deben cumplir con el mandato de que solo se debe podar “cuando sea necesario” y define tres casos: para garantizar la seguridad de personas y bienes, por el trazado o mantenimiento de un servicio público y para mantener y conservar el arbolado público.
“Por la licitación vigente, en la Ciudad debe haber unas 95.000 podas por año y 5.800 extracciones en toda la ciudad”, advierte María Angélica Di Giácomo, de Basta de Mutilar Nuestros Árboles, una organización dedicada a la conservación y protección del patrimonio arbóreo.
“En estos momentos estamos teniendo dos o tres podas ilegales por semana, que nadie sanciona”, subrayó con respecto del volumen de intervenciones, que parece responder más a un cronograma administrativo que a una evaluación fitosanitaria caso por caso.
Según Di Giácomo, la ley 3263 define con precisión que el concepto de seguridad frente a una poda se refiere al riesgo de daño físico por caída de ramas o árboles. “Pero el Gobierno porteño tomó la palabra ‘seguridad’, que está en la ley, para justificar la poda por falta de iluminación y por las cámaras”.
Así, se habilitan podas severas e innecesarias, con el argumento de despejar luminarias o mejorar el campo visual de las cámaras de seguridad, aun cuando esto implique dejar a los árboles con muy poco follaje y, en muchos casos, al borde de la muerte.
“Las podas las establecen por fecha, pero no se trata de una cuestión de fecha, sino de mirar el árbol. No se puede podar si está brotando, no importa si es primero de septiembre o julio”, explica Di Giácomo. “Todo eso perjudica la salud del árbol y hace que cada vez crezcan menos”.
Desde una perspectiva ambiental, el impacto es devastador. Menos copa implica menos sombra, menos regulación térmica, menos absorción de dióxido de carbono y menos capacidad de mitigar las olas de calor que sufren los porteños.
“Todo eso va en detrimento de la salud de los árboles y del follaje que necesitamos para superar las consecuencias del cambio climático”, advierte Di Giácomo.
Y agrega, sobre el efecto de las podas sistemáticas, que los árboles, “para mantener su tronco y su estructura necesitan hacer fotosíntesis, entonces no tienen suficiente energía para los procesos vitales. Podarlos sistemáticamente es someterlos a una lenta agonía: se mueren antes, no tienen suficiente follaje para cumplir con sus funciones, se enferman fácilmente”.
El problema de las podas indiscriminadas motivó que, hace unos cinco años atrás, un grupo de organizaciones presentara el primer recurso de amparo ante la Justicia porteña, para exigir por el cumplimiento efectivo de la ley de arbolado público.
En 2021, el juez en lo contencioso, administrativo y tributario Guillermo Scheibler hizo lugar a la demanda y ordenó la suspensión de podas y extracciones hasta que la administración porteña elaborara un master plan de acciones y conformara una plataforma de acceso libre, con información sobre las intervenciones en el arbolado público. Las medidas, en la actualidad, siguen sin cumplimentarse.
“No puede soslayarse que un árbol no es un integrante más del mobiliario urbano, fácilmente reemplazable, fungible en sus funcionalidades, como una farola, un banco de plaza o una parada de colectivos. Se trata de un ser vivo que nos acompaña y ayuda en el muchas veces difícil tránsito de habitar las grandes ciudades”, argumentó el magistrado porteño en su resolución.
Y agregó que “alcanzar su porte majestuoso le irroga décadas de crecimiento y cuidados, por lo que todo lo que hace a la gestión de este patrimonio no puede ni debe efectuarse a escondidas de la comunidad, a la ligera y sin recaudos. Se trata de un capital verde que recibimos en sus ejemplares adultos de las generaciones que nos precedieron y que debemos proteger y legar a las que nos sucedan con el agregado de nuevos ejemplares”.
En otro tramo del fallo -que recibió la ratificación de la Cámara de Apelaciones- aclaró que “es el ordenamiento jurídico aquel que prevé cuándo la poda o la tala de los especímenes arbóreos de la Ciudad deben ser intervenidos y no la mera voluntad de los particulares”.
A pesar de ello, siguen realizándose podas por pedido de vecinos, incluso cuando no media riesgo ni hay evaluación técnica seria. “La nueva argumentación que escuchamos es: ‘No será legal, pero es legítimo’. Si un vecino pide poda, no es razón suficiente para podar, de acuerdo con el fallo, ratificado por la Cámara”, remarcó Di Giácomo.
Qué pueden hacer los vecinos ante una poda
Frente a este escenario, las organizaciones ambientales llamaron a no quedarse de brazos cruzados. Las recomendaciones incluyen denunciar ante la Comuna y los organismos de control, pedir acceso a la información pública sobre los operativos, sobre las empresas contratadas y conocer los informes por árbol y dejar asentado por escrito que no hay consentimiento social unánime para estas prácticas.
“Es importante que se vea que somos muchas las personas que estamos en contra de esto”, subrayaron los ambientalistas.
