El legislador del bloque de Compromiso Liberal Republicano en la Legislatura porteña, Pablo Donati, presentó un proyecto de resolución en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el cual exige al Poder Ejecutivo Nacional un informe detallado sobre la deuda de coparticipación que mantiene con la Ciudad.
El pedido contempla la obligación de responder en un plazo de 30 días y apunta a esclarecer el estado actual de los fondos que debían transferirse tras la medida cautelar dictada por la Corte Suprema en diciembre de 2022.
En su iniciativa, Donati solicita información sobre los reclamos judiciales y administrativos aún vigentes por parte del Gobierno porteño, así como el monto total actualizado de la deuda, incluyendo capital, intereses y actualizaciones monetarias. El legislador también exige que se detalle si el Gobierno Nacional ha efectuado pagos parciales, suscripto compromisos de pago o incurrido en incumplimientos desde la medida cautelar.
El proyecto hace hincapié en el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema que ordenó transferencias automáticas y diarias del 2,95% de la masa coparticipable a la Ciudad de Buenos Aires. Según se argumenta, el Estado Nacional no ha cumplido de forma sostenida con esta obligación, lo que ha generado una deuda acumulada que afecta gravemente las finanzas públicas porteñas y la ejecución de políticas clave.
Donati también solicita un informe sobre el impacto fiscal y presupuestario que este incumplimiento ha tenido en los ejercicios 2023, 2024 y 2025. Particularmente, se pide detallar qué programas, obras, servicios o inversiones públicas han sido suspendidas o alteradas debido a la falta de fondos. Esta situación, señala el legislador, compromete seriamente la prestación de servicios esenciales para los vecinos de la Ciudad.
Finalmente, Donati exhorta a sus pares legisladores a acompañar el proyecto como un acto de reafirmación de la autonomía porteña y de exigencia de respeto a las decisiones del Poder Judicial. “No podemos permitir que se sigan vulnerando los derechos de la Ciudad ni que la discrecionalidad política impida el desarrollo de políticas públicas fundamentales”, concluyó.