Mientras la sociedad se indigna por la corrupción, el Gobierno de Javier Milei ha utilizado un discurso de “curro” para recortar beneficios, ignorando la historia y los datos reales detrás del aumento de las pensiones.
La auditoría que no encontró la “estafa”
En agosto de 2024, el entonces director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, anunció una ambiciosa auditoría para revisar casi un millón de pensiones por discapacidad, con el objetivo de “dar de baja” aquellas consideradas “mal entregadas”. Un año después, los resultados de esta cruzada son reveladores:
- De casi un millón de cartas enviadas, más de la mitad no pudieron ser entregadas.
- De las que sí se entregaron, el 91.6% de los beneficiarios asistieron a la cita.
- Solo se registraron 7,211 fallecidos y 9,027 renuncias.
A pesar de estos números, el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, anunció la suspensión de más de 111,000 pensiones. La discrepancia sugiere que, lejos de ser un proceso transparente, la auditoría se ha convertido en una herramienta para el ajuste, respaldada por denuncias de un supuesto sistema de gratificaciones a los empleados de la ANDIS por cada baja gestionada.
El “curro” que no fue: la historia detrás del aumento
El Gobierno ha basado su narrativa en una cifra impactante: el aumento del número de pensiones por discapacidad de 80,000 en 2001 a 1.2 millones en 2025. Los funcionarios, como el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, han calificado este crecimiento como “irregular e infundamentado” y un “curro”. Incluso el vocero presidencial, Manuel Adorni, llegó a mostrar la radiografía de un perro para justificar el fraude.
Sin embargo, esta visión ignora un hecho histórico crucial. El incremento no se debe a un fraude masivo, sino a un cambio en la legislación. En 2003 se eliminó el sistema de “cupo” que limitaba la cantidad de pensiones, y en 2014, la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) le otorgó jerarquía constitucional, lo que obligó a una interpretación más flexible de los requisitos, permitiendo que más personas pudieran acceder a este derecho.
Expertos como Belén Arcucci de ACIJ señalan que hablar de “invalidez laboral” es estigmatizante y que las pensiones son, en realidad, una política de transferencia de ingresos esencial para paliar las desigualdades estructurales.
Los números reales y la deuda pendiente
Los datos demuestran que, lejos de un abuso de beneficios, la Argentina aún tiene una deuda histórica con las personas con discapacidad. Según el censo de 2022, hay casi 6 millones de personas con algún tipo de discapacidad en el país. De ellas, solo el 20% recibe una pensión no contributiva.
Actualmente, 1.2 millones de personas reciben esta pensión, que es del 70% de una jubilación mínima. En septiembre de 2024, su monto, incluyendo bonos, se ubica muy por debajo de la canasta básica de indigencia. Esto resalta que las pensiones, más que un privilegio, son un apoyo insuficiente para una población vulnerable que enfrenta la exclusión y la falta de oportunidades.
La batalla por las pensiones ha escalado a nivel político, con protestas, represión, y un intenso debate legislativo. Mientras el Gobierno argumenta con cifras descontextualizadas para justificar el ajuste, la realidad de las personas con discapacidad, y la vulnerabilidad en la que viven, sigue siendo ignorada. La pregunta es si el escándalo político servirá para exponer esta manipulación y obligar a un cambio de rumbo.
