A casi dos meses desde que se rechazaron los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, el Gobierno ha enviado una señal al Congreso para que el Senado inicie el debate sobre la posibilidad de aumentar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia. Simultáneamente, también se ha dado luz verde para discutir la reforma de la composición de la Auditoría General de la Nación (AGN), un organismo crucial encargado de supervisar las finanzas del Estado.
Ocho iniciativas para ampliar la Corte han sido incluidas en la agenda de la reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales programada para este miércoles. Desde el kirchnerismo se han presentado propuestas elaboradas por Silvia Sapag y Nora del Valle Giménez, mientras que las otras propuestas provienen de la neuquina Lucila Crexell, la cordobesa Alejandra Vigo, el catamarqueño Flavio Fama, la rionegrina Mónica Silva y el salteño Juan Carlos Romero.
Los dialoguistas han intentado, desde la presentación de los pliegos de Lijo y García-Mansilla, persuadir al Gobierno de la necesidad de alcanzar un acuerdo con el peronismo para cubrir las vacantes en el máximo tribunal, dado que se requieren dos tercios de los votos para aprobar la designación de los jueces. Tras el rechazo a los pliegos de los candidatos propuestos por Javier Milei, ha resurgido la idea entre los senadores afines a la Casa Rosada de buscar un pacto político.
Romero ha comenzado a realizar gestiones para acercarse al bloque de José Mayans y desbloquear la situación de la Corte, que actualmente opera con solo 3 de sus 5 miembros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En realidad, Cristina Kirchner había solicitado inicialmente que uno de los puestos fuera ocupado por una mujer e incluso se consideró la posibilidad de expandir el máximo tribunal, algo que los K intentaron en 2022 cuando el Senado aprobó una propuesta para aumentar a 15 el número de integrantes de la Corte, aunque no tuvo éxito en Diputados.
Ahora, tras avanzar en las conversaciones con el peronismo, Romero ha formalizado la presentación de un proyecto que eleva a 7 el número de miembros del máximo tribunal, de los cuales no más de 5 podrán ser del mismo sexo. Sin embargo, cuando el acuerdo político parecía estar en marcha, en los últimos días, el bloque de UxP decidió mantener su postura en reserva. Es importante señalar que José Mayans, líder de esa bancada, ha manifestado siempre su intención de negociar no solo las vacantes de la Corte, sino también del resto del Poder Judicial.
Está claro que para que una reforma de la Corte tenga éxito, debe contar con un amplio consenso y, hasta el momento, el Pro y la UCR, los principales aliados del Gobierno en el Congreso, no han ofrecido una postura clara sobre el asunto. Es cierto que un acuerdo entre el peronismo y el oficialismo es suficiente en ambas cámaras para aprobar una ampliación del máximo tribunal.
También examinan reformas en la Auditoría General de la Nación
Además de abrir el debate sobre la Corte, el Senado inicia el tratamiento de una reforma de la Auditoría General de la Nación, el organismo responsable de supervisar al Estado, que desde hace dos meses se encuentra en un estado de vacancia debido a la no designación de los 6 miembros del Congreso: 3 de Diputados y 3 del Senado.
En la Cámara Alta se discutirán tres propuestas: una promovida por José Mayans, que sugiere aumentar el número de auditores de 6 a 8. La segunda, presentada por Juan Carlos Romero, mantiene la estructura actual, mientras que la tercera, del peronista Sergio Leavy, propone reducir a 4 miembros, con dos representantes de cada cámara. Las tres iniciativas establecen una reducción en los mandatos de 8 a 4 años.