Pese a los recursos de amparo y a las presentaciones legislativas de último momento, el Gobierno de la Ciudad llevó adelante la subasta del predio de Palermo actualmente concesionado a dos supermercados y a un shopping lindero al Regimiento de Patricios.
Se trata de unos 42.000 metros cuadrados de suelo público por los que un conocido empresario ofreció 127 millones de dólares, prometiendo —según su perfil mediático— levantar viviendas, comercios y algún equipamiento cultural.
La normativa le permite ocupar un 35% de la superficie, dejando el resto para vías y espacios públicos, con una altura máxima de 27 metros, tal como establece el Código Urbanístico. Todo en regla, todo dentro de los límites que el propio Estado define. Y sin embargo, la sensación de pérdida es inevitable.
Porque no puede descartarse que, una vez más, el comprador, se vea tentado por los infelices “convenios urbanísticos”, ese mecanismo que —a cambio de contraprestaciones o favores en especie— ha permitido torcer la letra del Código y multiplicar alturas, densidades y usos, siempre en beneficio de los desarrolladores.
Sea como fuere, el resultado es el mismo: el suelo público cambia de manos y se transforma en negocio privado. Cada vez que esto ocurre, la ciudad pierde un poco más de su patrimonio común. El suelo estatal, que debería estar reservado para escuelas, hospitales, centros culturales o espacios verdes, termina siendo monetizado para financiar coyunturas o alimentar la especulación.
En este caso, además, la coincidencia entre el Gobierno nacional y el porteño, que facilitaron y avalaron la operación, deja claro que su convivencia en una misma lista electoral no es casualidad, sino la expresión política de una coincidencia ideológica profunda: una misma mirada sobre la ciudad como territorio de oportunidades para el capital antes que como espacio de derechos para sus habitantes.
Lo justo —y lo racional— sería que los privados compren tierras a otros privados, y que el Estado preserve las suyas para cumplir sus funciones esenciales: planificar, proteger y garantizar el bien común. Pero esa lógica, en la Buenos Aires de hoy, parece cada vez más ajena.
