El Juzgado Federal de Dolores le ordenó al Ministerio de Economía de la Nación entregar en un plazo de 5 días el expediente completo en el que tramitó el DNU 179/2025, a través del cual el Gobierno tomó un crédito de 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.
“Hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por Francisco Verbic, ordenando al Ministerio de Economía de la Nación a que, conjuntamente con la Agencia de Acceso a la Información Pública procedan, en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente, a garantizar el acceso a la totalidad del expediente administrativo EX-2025-24205368- -APN-DGDA#MEC, donde tramitó el dictado del DNU 179/2025 (crédito FMI), con todos sus archivos embebidos, anexos y cualquier documentación obrante en dicho expediente, así como de toda otra actuación conexa al mismo”, dice la resolución.
“En una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible”, advirtió el juez federal de Dolores Martín Bava. Y concluyó: “El Ministerio de Economía debe decir cómo se gestó el acuerdo con el Fondo”.
De esa manera, la Justicia respondió a una acción de amparo que había presentado Francisco Verbic, por parte de la Coordinadora de Abogados de Interés Público (CAIP), y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “La sentencia es clara: el Ministerio de Economía violó la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 27.275). Pero además, buscó ocultar la información con maniobras para eludir entregarla al juzgado”, sostiene el comunicado del CELS.
El juez concedió la razón al CELS y la CAIP e instó al Estado a acatar la ley que garantiza el acceso a la información pública.
Para el CELS, a decisión del juzgado “reafirma que el derecho al acceso a la información pública es indispensable para el control democrático de las decisiones estatales” y que su cumplimiento “es especialmente relevante cuando se trata de políticas económicas de alto impacto, como la firma de un acuerdo con el FMI”.
La resolución dice que el equipo económico del Gobierno “primero le dio trámite al pedido a través de la Ley 27.275, incluso pidió prórroga para entregar el expediente del préstamo pero, al final, decidió desconocer su aplicación y derivar el pedido a un procedimiento administrativo restrictivo y burocrático”.
“Es decir, para acceder a la información generada por el Estado no es necesario acreditar un interés especial y mucho menos enfrentar trabas burocráticas: es un derecho humano fundamental y como tal, protegido”, concluye el CELS.
