Hace ya unos meses, el Gobierno de la Ciudad desplegó una serie de operativos en diferentes zonas comerciales de CABA con un objetivo claro: expulsar a quienes intentan ganarse el mango en la calle. Manteros, feriantes, vendedores ambulantes, cuentapropistas. Personas que venden lo que tienen, lo que hacen o lo que pueden conseguir. Este sábado pasado se vivió en Parque los Andes, espacio junto al cementerio de Chacarita y frente a la estación Federico Lacroze. 6.700 bultos de mercadería fueron secuestrados, como así también 127 estructuras utilizadas para montar los puestos.
Una multitud de gente se acercaba cada fin de semana a extender su manta y vender su ropa para darle una segunda vida útil. Hoy esa idea ya no es posible. “Frente al hambre, muchísimas personas están apelando a métodos alternativos de subsistencia, de ingreso extra de plata, como puede ser una feria popular, barrial, social y solidaria”, explicó Agustin Perez Marchett, sociólogo y docente.
Sin embargo, hace ya unos meses en ese parque no se encontraban solo aquellos que buscaban ganar unas monedas extra. Muchos manteros de diferentes barrios comerciales que fueron despojados por el mismo bastón policial, emigraron allí. Porque en una economía donde el rebusque es una necesidad, es lógico pensar que quienes forman parte de la resistencia, aun sin respaldo estatal, se niegan a rendirse.
Desalojos en diferentes puntos de la Ciudad
El caso de Flores es uno de los más emblemáticos. En febrero de este año, alrededor de 550 efectivos policiales e inspectores desalojaron a más de 5.000 personas que trabajaban en la vía pública. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, justificó el desalojo: “La usurpación genera inseguridad, desorden, suciedad y una competencia desleal”. Para el gobierno, este operativo fue presentado como un logro de gestión. Mientras tanto, surge una pregunta que aún queda abierta: ¿qué se hace ahora con esas personas?
Probablemente la respuesta es que se van reubicando donde pueden. Porque si es su trabajo, lo van a seguir haciendo. Previo al desalojo en Flores, el mismo operativo se había desplegado en el barrio de Once. Y también en Parque Centenario, y en tantos otros puntos de la ciudad. Siempre la misma postal. Sin soluciones se desplaza a un sector de la sociedad que busca cómo llevar el pan a la mesa. Y, en el camino, también se le quita al que compra la chance de acceder a precios más bajos.
“Utilizan el término limpieza, porque es lo que piensan que hacen. Van y limpian. Casi que te retrotrae a la última dictadura, a regímenes totalitarios, fascistas, conservadores”, señaló Marchetti. El ajuste baja por las veredas.
Cuando las fuerzas policiales hicieron intransitables las zonas comerciales más conocidas, Parque Los Andes emergió como una salida alternativa. Era una parada para quienes quedaron por fuera del modelo de ciudad que diseña el oficialismo porteño. “Hay una cuestión de que no entran dentro del umbral de ciudadanía o de humanidad, de su concepción o su visión política. Y eso duele. Porque cuando se niega la humanidad del otro, todo se vuelve posible: la represión, la indiferencia, la exclusión”, reflexionó Agustin. Y agregó: “La pregunta es qué hace el Estado, en este caso el Gobierno de la Ciudad, con esta realidad. Vos podés acompañarla, podés regular o podés reprimirla, desalojar y, para peor, discriminar y estigmatizar”.
El trabajo informal en datos
Un informe llamado “Trabajo, Formas de Organización y acciones estatales en la venta ambulante”, elaborado por la institución científico-tecnológica del CITRA (Centro de Innovación de las Trabajadoras y los Trabajadores) aborda la venta ambulante en Argentina, analizando sus diferentes formas y características en cuatro provincias: AMBA, Córdoba, Santa Fe y Jujuy. El trabajo ofrece un diagnóstico profundo sobre la actividad, y apunta a generar propuestas concretas para el diseño de políticas públicas inclusivas y eficaces.
Uno de los hallazgos más relevantes es que la venta ambulante representa, para quienes la ejercen, su fuente principal de ingresos y una práctica que beneficia a la sociedad en su conjunto: desde la reutilización de productos que de otro modo serían desechados, hasta la circulación de bienes de pequeños productores que no acceden a los canales formales de comercialización.
A lo largo del estudio se abordan múltiples dimensiones: las condiciones laborales, las estrategias de venta, las formas de organización y, sobre todo, el rol del Estado en la regulación —o muchas veces en la falta de regulación— que afecta a este sector. Se plantea la necesidad urgente de una Ley Nacional de Trabajo en Espacios Públicos que reconozca y proteja esta forma de empleo, y que siente las bases para regulaciones provinciales y municipales justas. “Si vos contratás los seguros sociales necesarios, si vos tenés la ropa laboral adecuada, puede ser un trabajo digno como cualquier otro”, respaldo Agustin.
Además, en el estudio se destacan políticas ya implementadas en el pasado como el programa Potenciar Trabajo, el acceso a microcréditos, la creación de distribuidoras populares y la importancia del monotributo social. A pesar de esto, el informe subraya que estas herramientas no han llegado de manera equitativa a todo el país, por lo que se propone avanzar hacia una política integral y federal que reconozca, fortalezca y visibilice el trabajo en la vía pública como parte de la economía social y popular.
En ese marco, se destacan propuestas concretas para fortalecer el sector, como el impulso de marcas colectivas, la creación de sellos que valoren el impacto social y ambiental de la actividad, la implementación de capacitaciones en gestión comercial y comunicación, y la articulación con políticas públicas que garanticen mayor equidad territorial. Todo esto con el objetivo de construir una política que no sólo regule, sino que también promueva y dignifique esta forma de trabajo.
¿Qué ciudad queremos habitar?
Quizás se deba medir a una ciudad segura: no por la limpieza de sus veredas, si no por las desigualdades que se ven día a día en ellas. Por sí garantiza que todas las personas puedan vivir, circular, vender, comprar, descansar o trabajar sin miedo y en condiciones dignas. Reflexionar sobre si una ciudad es justa cuando se quiere esconder a los sectores formalizados en vez de enfrentar esas realidades con políticas correspondientes.
Sigue siendo una cuestión del derecho al espacio público, pero para que todos podamos utilizarlo de manera equitativa. Porque si en vez de incluir se margina, y si en lugar de dar oportunidades se empuja a miles de personas al borde de la sociedad, solo lograremos desgastar y empobrecer el verdadero significado del sentimiento colectivo.
Hoy en día, incluso quienes se formaron en la profesión que aman, muchas veces tienen el sabor de que nada alcanza. El país aprieta desde ambos lados, con sueldos precarizados, políticas que recortan, y un futuro que parece hipotecado. El deseo se diluye. Acompañado por políticas económicas que te empujan a la ilegalidad, y que son las mismas que luego te persiguen y estigmatizan. Es un ciclo vicioso que margina a quienes buscan ganarse la vida con dignidad. Porque no hay tiempo para elegir cuando el hambre aprieta.
Es tiempo de volver a poner el cuerpo y la palabra. No sólo para denunciar lo que duele, sino también para imaginar una ciudad distinta. Una ciudad que no expulse, que no persiga, que no criminalice la necesidad. Una ciudad donde vivir y trabajar en paz no sea un privilegio, sino un derecho.