El intendente de Rosario, Pablo Javkin, acusó a los propietarios de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo SA de tener conexiones con el narcotráfico y declaró su intención de presentarse como demandante en el caso que investiga la distribución de fentanilo adulterado. Estas acciones legales se llevan a cabo después del fallecimiento de 54 personas en hospitales y clínicas vinculadas al uso de este fármaco.
El líder local fue claro: “Tienen conexiones con el narcotráfico”, y pidió que se investiguen posibles desvíos de la sustancia hacia el mercado ilegal, un asunto que ya está bajo la supervisión del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, y del Ministerio de Seguridad a través de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, dirigida por Martín Verrier.
Asimismo, participa la Mesa para la Prevención del Tráfico Ilícito y Uso Indebido del Fentanilo, que incluye al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Salud, a la ANMAT y a ARCA.
Javkin indicó que la Justicia comprobó que solo “dos laboratorios contaban con habilitación para importar fentanilo” y que la importación creció durante la pandemia de COVID-19, pero luego se mantuvo elevada. Alertó sobre la posibilidad de que se hayan producido desvíos al mercado ilegal y remarcó que existen conexiones entre los laboratorios y personas vinculadas al tráfico de drogas.
Tras estas declaraciones, el juez Kreplak citó a Javkin como testigo y la Municipalidad de Rosario presentó formalmente su pedido para actuar como querellante en la causa. “Quiero ser algo más que un testigo. Rosario es víctima de esta mafia con vínculos narcos y no vamos a parar hasta desenmascarar a cada una de estas personas”, afirmó el propio Javkin.
En el documento de dieciocho páginas presentado, el municipio argumenta que el caso ocasionó “un grave impacto en la salud pública” y detalla la afectación directa que sufrió el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde se emplearon ampollas de fentanilo adulterado.
Más allá del daño a la salud, indica que se crearon riesgos sanitarios locales y se afectó el patrimonio municipal, lo que llevó a la implementación de medidas extraordinarias para retirar y asegurar los lotes contaminados.
El documento expone la conexión entre altos directivos de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma con antecedentes legales previos. Entre los mencionados se encuentran Ariel García Furfaro, Jorge Salinas, Damián García, Marcela Vozza, Jorge Gómez y Marcelo Ferré, quienes estuvieron involucrados en la explosión del laboratorio Apolo en Rosario en 2016. Fueron acusados de estrago culposo agravado y lesiones graves, pero lograron evitar el juicio penal mediante alternativas legales.
Además, se señala que Jorge Salinas fue objeto de investigación en el caso de la efedrina por su relación con Mario Segovia, conocido como “el Rey de la Efedrina”, quien fue defendido en esta causa por Ariel García Furfaro. Javkin declaró que hay una “continuidad estructural, comercial y operativa” entre el laboratorio Apolo y las empresas actualmente bajo investigación, ya que varios de los implicados todavía forman parte de los órganos societarios, con autorización oficial para producir y distribuir medicamentos a entidades públicas, incluyendo el HECA. Según la Municipalidad, esta situación pone de manifiesto la conexión entre las causas y la ineficacia de la respuesta judicial y administrativa anterior, que no logró imponer sanciones ni restricciones adecuadas para prevenir la repetición de conductas riesgosas en el sector farmacéutico.
Como entidad encargada de la salud pública, la intendencia afirma que su papel como demandante está completamente fundamentado, no solo por su interés directo, sino también por su habilidad para ofrecer conocimientos en el manejo de estas situaciones y ayudar a desentrañar las estructuras responsables de daños significativos a la salud y la seguridad.