Los empleados públicos que no hayan aprobado el examen de idoneidad serán desvinculados de sus cargos a partir del segundo semestre de 2025, tal como confirmó el Gobierno en relación con la Resolución 48/2025, que establece este nuevo requisito para ocupar un cargo en el Estado.
El anuncio fue publicado en el Boletín Oficial el miércoles, con la firma del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y señala que la nueva normativa entrará en vigencia el 1 de julio de 2025.
“Se establece que, a partir del 1° de julio de 2025, las personas mencionadas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N°24.156 solo podrán contratar y/o realizar renovaciones de acuerdo con lo estipulado en el artículo 93 de la Ley N°20.744 al personal que haya aprobado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, conforme a lo establecido en la Resolución de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública N°26/24”, se señaló en el documento oficial.
La medida, que fue implementada en diciembre de 2024, se aplica a todo el sector público. Esto incluye a los funcionarios de la administración nacional y sus organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas donde el Estado tenga una participación mayoritaria, así como sociedades de economía mixta, entidades públicas que posean autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, y fondos fiduciarios.
Los empleados públicos que no hayan superado la evaluación ya no podrán ser contratados como funcionarios o colaboradores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la Ley N°20.744 de Contratos de Trabajo a partir del segundo semestre de 2025.
El examen de idoneidad: qué es y qué porcentaje lo aprobó
En diciembre, el Gobierno reveló que el 95% de los empleados públicos logró aprobar el examen en su primer intento. Por lo tanto, el ministerio dirigido por Sturzenegger informó que 9000 trabajadores estatales, tanto de planta transitoria como contratados, completaron esta evaluación, que es parte del proceso de reestructuración de la administración pública.
El examen de idoneidad consiste en una evaluación obligatoria con preguntas sobre competencias básicas, y se clasifica en tres tipos: una para “servicios generales”, otra para “administrativos” y una última para “profesionales”. Las preguntas son de opción múltiple, la evaluación tiene una duración de una hora y se realiza de manera presencial.
Es importante señalar que el examen se lleva a cabo de forma anónima y los resultados son procesados automáticamente para evitar sesgos en la corrección. Además, cada empleado público tiene tres oportunidades para aprobar el examen.