A través de un decreto que se publicará el martes en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei ha decidido establecer la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), un ente que centralizará la gestión de cinco hospitales nacionales. El líder de esta nueva entidad será Diego Masaragian, quien actualmente se desempeña como director de Hospitales en el Ministerio de Salud de la Nación.
La ANES tendrá bajo su órbita la gestión de los hospitales Baldomero Sommer, Alejandro Posadas, Ramón Carrillo, Laura Bonaparte y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur. Esto implica que la entidad concentrará en un solo ámbito la gestión administrativa, financiera y jurídica de esos centros de salud. En tanto, se seguirá respetando que tengan una Dirección Ejecutiva Médica particular de cada nosocomio, que en cada caso responde a una especialidad o estructura asistencial particular.
Se trata de uno de los tres decretos que fueron oficializados en el Boletín Oficial este martes, al filo de la finalización de las facultades delegadas administrativas que le fueron concedidas al Gobierno a través de la Ley Ómnibus.
A este decreto lo acompaña la disolución del Instituto Nacional del Cáncer (INC), una medida que ya había sido anunciada meses atrás. Así, las funciones de las que se ocupaba la misma pasarán en forma de unidad organizativa interna dentro del Ministerio de Salud. También figura en esa normativa la eliminación del Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares (INEC). “Fue creado por ley en 2015, pero nunca fue puesto en funcionamiento: no contó con sede, personal ni presupuesto asignado. Su estructura existía solo en el plano normativo”, afirman en Salud.
En la edición del Boletín Oficial de esta jornada también se decidió, en un decreto distinto, la integración (y por ende, la disolución) del Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET) a la esfera del Instituto Malbrán. “Ya desarrollaba ahí la mayoría de sus actividades, la medida busca evitar duplicidad de funciones”, justifican voceros oficiales.
En una normativa diferente, Milei ha decidido eliminar las Delegaciones Sanitarias Federales del ministerio. Además, ha derogado la capacidad del Poder Ejecutivo para establecer nuevos hospitales SAMIC, como el Hospital Garrahan, El Cruce, Cuenca Alta, Favaloro, Bicentenario de Esteban Echeverría, y los hospitales Néstor Kirchner de Santa Cruz y de La Matanza.
Estos hospitales mencionados son diferentes de los cinco incluidos en el primer decreto, ya que poseen una estructura jurídica distinta: son entes jurisdiccionales, lo que significa que son administrados tanto por la Nación como por otras provincias. Cada uno cuenta con sus propios consejos de administración, que definen sus procesos de gestión, licitación y operaciones.
El reciente organismo de Salud establecido por el Gobierno
Al indagar sobre los motivos detrás de la creación del nuevo organismo, altas fuentes del área de Salud señalan que uno de los factores clave fue “la identificación de serias irregularidades en los procedimientos de licitación, servicios externalizados y adquisición de insumos, evidenciadas por auditorías llevadas a cabo dentro del Plan de Eficiencia de Hospitales Nacionales”. En consecuencia, se decidió unificar los procesos de gestión para “optimizar su utilización”.
Un ejemplo que se menciona es la adquisición de insumos como medicamentos. “Cuanto mayor sea la cantidad que pongamos a disposición para su compra, más lograremos reducir el precio por unidad”, afirman. Como caso extremo, citan una licitación de Omeprazol que se adjudicó, antes de la actual administración, a un precio 400 veces superior al de farmacia. Se señala que, en promedio, el sobreprecio en los medicamentos era del 200%.
Hace unos meses, se implementó un primer cambio en el proceso de licitaciones, donde se requería que los proponentes indicaran el precio de referencia basado en el listado Kairos, que se considera una guía de remedios y medicamentos en el ámbito farmacéutico y sanitario. La recomendación más reciente es utilizar el precio inicial del laboratorio. Esto presenta un alto grado de complejidad, ya que se deben hacer estimaciones sobre los costos, información que las empresas no están obligadas a proporcionar.
Si se logra implementar este tipo de parámetro, el precio de referencia no tomará en cuenta los costos de distribución logística ni la venta en farmacias, que son componentes de la cadena de comercialización de los medicamentos y, naturalmente, contribuyen al aumento del precio final en las estanterías. Para evaluar esto, altos funcionarios del ministerio comentan: “Cuando el Estado realice compras con ese parámetro, no será necesario licitar toda la cadena. El Ministerio de Salud cuenta con sus propios servicios logísticos. Creemos que podemos aprovecharlos o, si no, licitar un proceso de distribución de forma complementaria”.
“La ANES no representa la creación de nuevas instituciones, sino la fusión de los cuatro organismos existentes en una única entidad descentralizada. Esta unificación permite eliminar estructuras innecesarias y facilita la normalización de precios en la adquisición de bienes y servicios”, destacan.
Por medio de este organismo descentralizado también se gestionarán las licitaciones para servicios como seguridad, limpieza y alimentación, que representan una parte significativa del presupuesto asignado a cada uno de los cinco hospitales. “Nuestra intención es que la licitación sea conjunta para los cinco centros de salud”, aseguran fuentes confiables, aunque se contemplan excepciones para situaciones específicas.
Esto probablemente conllevará una reducción en el número de trabajadores contratados. En el sector de Salud están convencidos de que cada hospital tenía una “sobrecarga de personal” en los documentos de licitación. “En el ámbito de la seguridad se puede implementar mucha tecnología. Es posible establecer un sistema de alarmas que disminuya el tamaño necesario de la plantilla”, señala una funcionaria con una visión liberal.
“Los recursos son limitados y optimizar su uso se ha vuelto esencial. De no hacerlo, se vulnerarían derechos fundamentales de la ciudadanía y de los contribuyentes”, concluye un comunicado oficial emitido por representantes del Gobierno.