“Si bien la expresidenta debe ser tratada como cualquier ciudadano en la ejecución de la pena impuesta, no es menos cierto que al momento de decidir la forma de cumplimiento de la misma, hay que considerar que se trata de una exjefa de Estado y que ha sido víctima de un intento de magnicidio”, sostuvo Meis.
En este sentido, el consejero remarcó que “la principal cuestión a tener en cuenta al momento de definir el cumplimiento de la pena es su situación de seguridad personal”.
Y agregó: “A mi entender, un departamento de uso común no es el ámbito adecuado para garantizar las condiciones de seguridad extrema que este caso exige, dado el antecedente del atentado”.
Meis hizo hincapié en que, sin dejar de respetar el principio de igualdad ante la ley, es imprescindible que el Poder Judicial evalúe todos los factores que hacen a la integridad física de la ex mandataria.
“La custodia y protección de una persona que ha ocupado la más alta magistratura del país no puede minimizarse ni quedar librada a estándares ordinarios”, concluyó.
