A 15 años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, que ordenó el cierre de los manicomios y la sustitución de las internaciones psiquiátricas en hospitales monovalentes por un sistema de atención comunitaria, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sigue sosteniendo el antiguo modelo del encierro.
Así lo denunció el informe “Manicomios porteños: la transformación que no llega”, elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que fue difundido en las últimas semanas.
La norma nacional, reglamentada en 2013, fijó el año 2020 como fecha límite para reemplazar los neuropsiquiátricos por dispositivos en el primer nivel de atención, salas de salud mental en hospitales generales y servicios de apoyo a la vida en comunidad.
Pero, contrariamente a los dispuesto, en el ámbito porteño permanecen activos los cuatro históricos hospitales psiquiátricos públicos: el Hospital Borda, el Moyano, el Alvear y el Tobar García, que concentran 1.290 camas de internación y no cuentan con planes de adecuación ni cronogramas de cierre. En 2024, estos establecimientos reunieron el 94,4% de las camas de salud mental, mientras que los hospitales generales solo aportaron un exiguo 5,6%.
Lejos de un proceso de vaciamiento progresivo, los datos oficiales muestran que las internaciones aumentaron en todos los hospitales psiquiátricos respecto de 2023: hay 1.036 personas en el Borda, 560 en el Moyano, 409 en el Alvear y 154 en el Tobar García. El 72% de las personas adultas internadas entre mayo y octubre de 2024 atravesaban internaciones prolongadas, de más de seis meses, con casos extremos que llegan hasta los 40 años y un promedio cercano a los 10 años de permanencia en el sistema.
El informe también describió las condiciones de vida dentro de estos centros: infraestructuras precarias, prácticas de aislamiento y encierro, violencia física y psicológica, sujeciones físicas y farmacológicas, sobremedicación y muertes que no se investigaron debidamente. El uso indebido de psicofármacos —señalan ACIJ y CELS— funciona muchas veces como mecanismo de castigo, coerción o “gestión de conflictos”, lo que genera efectos adversos e incluso daños orgánicos irreversibles.
A la persistencia del hospital psiquiátrico como respuesta principal, se suma la casi total ausencia de alternativas para que los pacientes puedan vivir en la comunidad. En toda la Ciudad solo existen siete Residencias Asistidas de Rehabilitación Psicosocial, que tienen capacidad para 77 personas y cuatro grupos familiares. Están permanentemente completas y no permiten nuevos ingresos. Esto provoca que incluso personas con alta médica sigan internadas por no tener adónde ir y que otras sean reingresadas luego de haber logrado salir.
La falta de dispositivos comunitarios adecuados convierte al manicomio en una trampa: “la misma omisión estatal explica que se ingrese, que —habiendo ingresado— no se pueda salir y que —habiendo salido— se vuelva a ingresar”, sintetiza el trabajo. Los procesos de externación, además, dependen en gran medida de la voluntad y militancia de equipos profesionales, en lugar de estar respaldados por políticas públicas integrales y sostenidas.
“Hace como cinco meses que estaría para irme, me están echando diciéndome que no soy una paciente con criterio de internación, pero no tengo lugar adónde ir”, explica Laura, usuaria del Moyano.
Mariano, internado hace siete meses en el Borda, ante la pregunta sobre si quisiera irse, respondió que “más o menos. No y a la vez, sí. Porque me hice amigos, conocidos y no me quiero ir. Pero después pienso, y también tengo que seguir mi vida. Me siento incómodo acá, porque me viene todo de arriba, la comida y todo eso, tengo un techo. Y no me gusta vivir así, de los demás. Yo quisiera salir y no sé, agarrar algún emprendimiento, vender cosas en la calle”.
Un presupuesto centrado en los manicomios
La distribución del presupuesto de salud mental de la Ciudad refuerza esta matriz asilar. Según el informe, el 75,6% de los fondos ejecutados en 2024 se destinó a los cuatro hospitales psiquiátricos, mientras que el Programa de Externación Asistida para la Integración Social (PREASIS) fue desfinanciado y los centros de salud mental comunitarios siguen siendo insuficientes. Lejos de impulsar la vida en comunidad, la inversión pública “consolida un modelo que daña la salud, somete a tratos crueles, inhumanos y degradantes e impide a las personas elegir y concretar sus proyectos de vida”.
Determinados grupos, advierten ACIJ y CELS, sufren formas de violencia específicas en estos entornos. Las mujeres internadas se encuentran expuestas a lógicas patriarcales de control sobre sus cuerpos y maternidades, que incluyen anticoncepción y esterilización forzada y el despojo de su responsabilidad parental sobre sus hijos e hijas. En el caso de niñas, niños y adolescentes, los niveles de internación en instituciones monovalentes registrados en 2023 y 2024 son los más altos desde 2012, con informes oficiales que dan cuenta de riesgos psicofísicos, traumatismos, amedrentamientos, miedos y falta de acompañamiento adulto.
“La experiencia estuvo atravesada por una concepción de la salud mental que no consideró ni la existencia de una familia continente ni la posibilidad del tratamiento ambulatorio. Durante su internación en el Gutiérrez fue atendida por lo menos por cuatro equipos médicos diferentes, que volvían a hacer una y otra vez las mismas preguntas a una persona que era lo que menos necesitaba”, relató María, madre de una niña internada por motivos de salud mental, citada en el informe.
Para las organizaciones, la Ciudad de Buenos Aires “mantiene abordajes vetustos” que han demostrado “poca eficacia y nulo respeto por los derechos humanos”. Como consecuencia, cientos de personas “continúan sometidas a un régimen de encierro que las segrega de la comunidad, las expone a situaciones de violencia y las condena a vivir una vida sobre la cual no tienen ningún control”, con proyectos personales y vínculos congelados, a la espera de una externación que nunca llega.
A modo de conclusión, el documento recuerda que la Ley de Salud Mental y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obligan al Estado a desmantelar el modelo manicomial y a construir un sistema de atención comunitaria. “Cerrar los manicomios no es sólo una obligación legal. Es una deuda ética y social”, subraya la publicación, para cerrar: “La discapacidad psicosocial no puede justificar el encierro de los cuerpos ni el doblegamiento de las diversas formas de habitar el mundo. En ningún caso, nunca”.
