El autor de la iniciativa, sostuvo que la violencia “no puede ser la respuesta del Estado frente a los reclamos legítimos de los sectores más vulnerables”.
En los fundamentos del proyecto, Loupias denuncia el uso desmedido de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, que incluyó el disparo de gases lacrimógenos, balas de goma y la intervención de carros hidrantes cuando los manifestantes cortaron la Avenida Rivadavia. Además, responsabiliza a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de haber generado un “clima de violencia” con sus declaraciones previas a la movilización.
“Este tipo de acciones no solo vulneran los derechos de nuestros jubilados, sino que también atentan contra el sistema democrático que tanto nos costó recuperar”, sostuvo Loupias.
El legislador advirtió que las prácticas represivas adoptadas por el Gobierno de Javier Milei reflejan una “política autoritaria” que busca silenciar las voces críticas.
El proyecto también pone el foco en la situación económica que atraviesan los jubilados. Según el texto, quienes perciben la jubilación mínima reciben $335.907 mensuales, un monto que consideran insuficiente para cubrir los gastos básicos. Loupias destacó que, desde la asunción de Javier Milei, los medicamentos aumentaron un 361% y se redujo a solo cuatro la cantidad de fármacos con cobertura total.
En ese sentido, el legislador porteño hizo un llamado a la “restauración del Estado de Derecho” y afirmó que el abuso de la fuerza “no puede ser la respuesta del Estado frente a los reclamos legítimos”.
Según Loupias, es fundamental que las instituciones democráticas garanticen el derecho a la protesta pacífica y protejan a los sectores más vulnerables.
El proyecto de declaración contó con las firmas y el respaldo de diversos bloques opositores. En ese contexto, Loupias reafirmó el compromiso de la UCR/Evolución con la defensa de la democracia y los derechos constitucionales, subrayando que “no podemos permitir que el miedo y la violencia se conviertan en herramientas de gobierno”.
La iniciativa se suma a una serie de manifestaciones de rechazo a la política represiva del Gobierno, que ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos y sectores políticos opositores a nivel nacional.
