Los gobernadores desafían a Milei y blindan sus proyectos en el Congreso

Los gobernadores desafían a Milei y blindan sus proyectos en el Congreso

Actuarán en bloque y dicen que no están dispuestos a negociar con el gobierno nacional.


El Gobierno está ejerciendo presión para detener el progreso de las iniciativas legislativas que ponen en riesgo las finanzas del Tesoro Nacional. Sin embargo, los gobernadores han señalado que continuarán defendiendo las dos propuestas que presentaron y que ya cuentan con media sanción: una que regula la distribución del fondo de ATN y otra relacionada con la distribución del impuesto sobre los combustibles líquidos.

En estos dos proyectos, los gobernadores han actuado de manera unificada y afirman que no están dispuestos a llegar a un acuerdo con el gobierno nacional. Estas iniciativas fueron aprobadas por el Senado, y esta semana comenzará el debate en comisión en la Cámara de Diputados.

“Con lo que acordamos entre todos, seguimos todos. En los otros proyectos, cada uno actúa en función de su parecer”, dijo un gobernador norteño.

En la última sesión de la Cámara de Diputados, el Gobierno libertario perdió aliados y sufrió varias derrotas consecutivas. La batalla para convertir en ley los proyectos de emergencia en pediatría y el refuerzo a universidades se traslada ahora al Senado, donde los gobernadores tienen incluso más incidencia. Pero en estos temas cada mandatario tendrá juego propio.

Lo que sucederá en el Senado tiene un desenlace incierto, aunque el oficialismo tiene la esperanza de que los negociadores faciliten el proceso. En la cadena nacional del viernes, el presidente Javier Milei intentó acorralarlos con sus críticas, reafirmando que los vetos continuarán y presentando iniciativas para que los legisladores se impongan limitaciones en la aprobación de nuevos gastos.

La nueva confrontación en el Senado llega con las alianzas ya establecidas y las estrategias cobran mayor peso ante las elecciones legislativas de octubre. Por ejemplo, en Córdoba, donde se anticipa una polarización entre los libertarios y el “cordobesismo”, Martín Llaryora ha intensificado sus críticas hacia el gobierno nacional.

El efecto en las finanzas

El economista Marcelo Capelo, del Ieral de la Fundación Mediterránea, ha estimado el efecto en el gasto de las leyes que ya han sido aprobadas y aquellas que están por ser sancionadas. El aumento de los haberes jubilatorios y del bono en este año representa un incremento adicional del 0,32% del PIB para lo que queda del año y un 0,79% de manera anual; la reactivación del mecanismo automático de financiamiento para las cajas previsionales provinciales no transferidas supone un 0,17% del PIB en el resto del año y un 0,38% del PIB en términos anualizados.

Este último aspecto afecta a 13 gobernadores, de los cuales solo dos -Rogelio Frigerio y Llaryora- han logrado llegar a acuerdos en la Corte Suprema de Justicia; los fondos que reciben son a cuenta de los montos definitivos. En todos los casos existen deudas, con diferentes grados de magnitud, por parte de Anses.

La prórroga de dos años de la moratoria previsional, la disminución de la edad de acceso para las mujeres a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) -de 65 a 60 años- y la eliminación de las condiciones que restringen el acceso a la PUAM generan un gasto adicional de 0,09% del PIB anualmente. La declaración de emergencia en materia de discapacidad conlleva un costo extra de 0,16% del PIB hasta diciembre y del 0,39% anual.

Proyectos de los gobernadores

En relación con los dos proyectos que cuentan con media sanción del Senado, impulsados por todos los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, el análisis de Capelo sugiere que la distribución del fondo de ATN implicaría un gasto adicional de 0,02% del PIB en los últimos meses de 2025, con un costo anual proyectado de 0,05%. Esto se debe a que el gobierno nacional tendría que redistribuir recursos que actualmente maneja, quedándose con el remanente del fondo.

En cuanto a la eliminación de varios fideicomisos y fondos destinados a infraestructura, transporte y vivienda, que se financian con el impuesto a los combustibles líquidos, las provincias pasarían a recibir el 57% del total en lugar del 25% actual. Para la Nación, esto significaría dejar de percibir un 0,08% del PIB hasta diciembre (0,16% PIB anual).

Los gobernadores sostienen que han implementado ajustes incluso más significativos que los realizados por la Nación y que, simultáneamente, han tenido que asumir responsabilidades que anteriormente correspondían a la administración central. Capelo señala que, en el consolidado de provincias correspondiente al primer trimestre de 2025, las erogaciones experimentaron un incremento del 16% en términos reales (superando la inflación), mientras que sus ingresos aumentaron un 8%.

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