Quedan 90 días y los actores clave en las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires comienzan a manifestar inquietud y, además, preocupación. Por primera vez en 42 años de democracia, los ciudadanos bonaerenses se dirigirán a las urnas para elegir exclusivamente cargos provinciales y municipales. Es una experiencia sin precedentes, histórica y que requiere una serie de decisiones que, en algunos casos, aún no se han tomado.
Existen aspectos organizativos, así como definiciones políticas que parecen atrapadas en el caos de las disputas internas que afectan tanto al oficialismo como a la oposición. Sin embargo, el tiempo avanza y las decisiones cruciales continúan postergadas. La atención se centra en la Junta Electoral de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof y los partidos, que siguen sumidos en sus propias dinámicas, mientras 15 millones de electores esperan que se clarifiquen las dudas.
Se está trabajando en un acuerdo tripartito que es esencial para la organización de las elecciones y que aún no ha comenzado a implementarse. Deberían firmarlo, protocolizarlo y comenzar a ejecutarlo la Junta Electoral, presidida por la jueza Hilda Kogan; el Gobierno bonaerense; y el Juzgado Federal con competencia electoral de La Plata, bajo la dirección de Alejo Ramos Padilla.
Ese convenio macro, que permite activar decisiones organizativas, no es lo único que permanece en stand by. La Junta Electoral recién esta semana convocará a los responsables de los partidos para ponerse de acuerdo en algo tan básico como el formato de las boletas. Y es una cuestión que promete abrir una batalla política si, como trascendió, el peronismo propone el blanco y negro.
Desde la Junta Electoral de la provincia -que el lunes difundió un comunicado con la obligatoriedad de garantizar el cuarto oscuro accesible para personas con discapacidad- anticiparon que el formato de las boletas y el uso o no de colores se va a resolver esta semana.
Aunque parece una cuestión menor, es un detalle que, a escala, explica el conjunto. Y que empieza a preocupar a los expertos en materia electoral, que están observando el devenir de un proceso único y que supone un alto riesgo.
En las últimas semanas, la Junta Electoral bonaerense solicitó cooperación y asistencia al Juzgado Federal N° 1 de La Plata para organizar las elecciones. Fue el mismo camino que, antes, había hecho el gobierno de Kicillof, que fue a la Casa Rosada para pedir ayuda en la seguridad de los comicios, y se llevó el compromiso de que Gendarmería ayudará a la Policía Bonaerense.
La Junta bonaerense pidió asistencia y el juzgado se comprometió a darla, previa autorización de la Cámara Nacional Electoral. “El juzgado dijo ‘puedo hacerlo’, pero hubo una advertencia de que esa colaboración no implique una intervención federal en una elección provincial; en eso hay que tener mucho cuidado”, aclararon.
Así, el ámbito de la Justicia Federal con competencia electoral no actuará ni como responsable del proceso -desde la organización, la logística, la seguridad y el escrutinio- ni como tribunal de alza o como “dirimente” sobre lo que ocurra antes, durante ni después de las elecciones del próximo 7 de septiembre.
Lo único que estableció el acuerdo es una colaboración y cooperación, a pedido de la Junta Electoral y con aval del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y se definió de manera precisa cada una de las funciones y tareas que desarrollará el personal que aportará la Justicia Electoral Nacional.
El acuerdo, estipula que se facilitarán las bases de datos de los padrones de votantes depurados, corregidos y consolidados, así como la convocatoria de autoridades de mesa, la capacitación y la contratación de personal para diversas actividades cruciales para la votación. Aparte de los aspectos materiales, todo el proceso electoral requiere la movilización de recursos humanos con experiencia y conocimientos en el área. Para ello, el convenio establece la convocatoria de aproximadamente 280 personas que se encargarán de preparar las urnas con todos los documentos y boletas necesarias, así como del control inicial de la integridad de estas urnas una vez que se reúnan los elementos para iniciar el escrutinio. Además, habrá alrededor de 6,000 delegados en cada centro de votación, quienes actuarán como enlace con la Junta Electoral.
Dentro de las urnas se deberán incluir las boletas, las boletas testigo, los padrones impresos y el material de oficina que se envía a las autoridades de mesa para facilitar el control y verificación de los fiscales. Asimismo, el acuerdo debe especificar la designación de los inmuebles que serán utilizados como centros de votación, los cuales serán los mismos que en las elecciones anteriores, así como otras instalaciones más amplias para la concentración de urnas y su posterior recolección y conteo. Estos lugares deberán ser diferentes a los que ya están contratados para la elección programada para el 26 de octubre. “No se pueden mezclar urnas de una elección con otra elección”, advirtieron.
El convenio, autorizado la semana pasada, involucra un monto aproximado de 6,500 millones de pesos, que se pagará en tres tramos y cuyo desembolso, a cargo de la administración de Kicillof, es esencial para su implementación.
Ese monto, de todos modos, no contempla el costo de la seguridad, ni la impresión de los padrones, de las boletas, las urnas propiamente dichas, los biombos, material de librería y los otros gastos que demanden los centros de votación y de escrutinio, como tampoco los viáticos de los presidentes de mesa.
Hay que tener en cuenta que se trata de una elección muy compleja, porque son 135 municipios que eligen concejales y consejeros escolares. Y que además se votará diputados y senadores provinciales en ocho Secciones Electorales, con candidatos diferentes y, encima, con boleta partidaria de papel. Y todo esto, sin experiencia previa en 42 años de democracia.