Los beneficiarios del sistema no desean invertir en su reparación

Los beneficiarios del sistema no desean invertir en su reparación

El Aporte Solidario instituido por la Ley 27.605 será resistido por los que “tienen que ponerla”.


El cuatro de diciembre de 2020, la Cámara de Diputados sancionó la Ley N° 27.605, que instituyó el así llamado “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”.

Por medio de esta norma fue creado “con carácter de emergencia y única vez, un aporte extraordinario, obligatorio”, que estableció que los más ricos de la Argentina, los que poseen bienes cuyo valor excede los 200 millones de pesos, deberán pagar una suma que fluctuará entre el dos y el 3,50 por ciento para los bienes radicados en el país y del tres al 5,25 por ciento por los bienes afincados en el exterior.

Los bienes que estén declarados en países extranjeros, si fueran repatriados hasta 60 días después de haber entrado en vigencia la ley, serán gravados de la misma manera que si estuvieran radicados en Argentina, aunque para lograrlo deberán ser depositados en una cuenta abierta en el país a nombre del titular y permanecerán allí hasta el 31 de diciembre de 2021.

La suma recaudada por este aporte estará destinada, según el Artículo 7°, a la compra de equipamiento médico y otros insumos para la prevención y asistencia sanitaria (un 20 por ciento de lo recaudado); a subsidiar la actividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, para sostener la actividad económica (otro 20 por ciento); a sostener las becas Progresar, que significan un incentivo económico para los estudiantes (un 20 por ciento más); a mantener el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), para mejorar las condiciones habitacionales de los barrios populares (un 15 por ciento) y, finalmente, a incentivar la exploración, desarrollo y producción de gas natural (otro 25 por ciento).

El universo potencial de quienes pagarán este aporte incluye sólo a 9.298 personas, lo que significa que conforman el 0,02 por ciento de argentinos, según informó la AFIP. La expectativa recaudatoria del Gobierno ronda los 300 mil millones de pesos, que a su vez conforman algo más del uno por ciento del Producto Bruto Interno.

Entre estos megacontribuyentes, existen 253 familias que abonarán el 3,5 por ciento de su patrimonio. Son aquellos cuya fortuna excede los tres mil millones de pesos, que en parte incluyen bienes y activos en el exterior. Aun así, una parte importante de sus bienes no podrán ser gravados porque no fueron declarados ante la AFIP, lo que configura el delito menos sancionado en nuestro país, que hace tiempo que se constituyó en el paraíso de la evasión.

De todos modos, fieles a su costumbre, los presuntos aportantes ya comenzaron a desplegar sus artilugios para eludir estas obligaciones tributarias, haciendo realidad aquel apotegma que pergeñó Noam Chomsky cuando afirmó que existe «un círculo vicioso en constante evolución. El papel del Estado es proveer seguridad y apoyo a los intereses de los sectores privilegiados y poderosos de la sociedad, mientras que al resto de la población se la abandona para que experimente la realidad brutal del capitalismo. Socialismo para los ricos, capitalismo para los pobres», concluyó, melancólicamente.

Pagar o no pagar

En cuanto al capítulo argentino de esta ecuación, las 1.040 familias más ricas de nuestro país percibían, en 2002, casi el 2,50 por ciento del ingreso total, unos 12.500 millones de dólares de aquellos tiempos.

Entre estas familias, devenidas en la oligarquía de estos años, se encuentran los Macri, Ezkenazi, Coto, Blaquier, Eurnekian, Bulgheroni, Madanes, Supervielle, Zygman, Rocca, Brito, Pérez Companc, Grobocopatel, Bagó, Wertheim, Constantini, De Narváez, Belocopitt, Braun, López, Elsztain, Pescarmona, Roemmers y Sutton.

Entre los nombrados se pueden encontrar apellidos relacionados con la política, las finanzas, la energía y los hidrocarburos, el aluminio, la agricultura, la comercialización masiva de productos de primera necesidad, la medicina privada, los medicamentos, la especulación inmobiliaria, un correo privatizado en disputa judicial, la industria metalúrgica y las telecomunicaciones.

Entre estas familias, devenidas en la oligarquía de estos años, se encuentran los Macri, Ezkenazi, Coto, Blaquier, Eurnekian, Bulgheroni, Madanes, Supervielle, Zygman, Rocca, Brito, Pérez Companc, Grobocopatel, Bagó, Wertheim, Constantini, De Narváez, Belocopitt, Braun, López, Elsztain, Pescarmona, Roemmers y Sutton.

Agrava la situación el hecho de que sus grandes empresas ahogaron a las pymes y se quedaron con porciones excesivas del mercado, algo que en ninguno de los países en los que reina el liberalismo estaría permitido, aunque de éstos, ya casi no hay. De todos modos, su poder económico convierte a este selecto grupo de empresas en un peligro para cualquier gobierno, en especial el que ocupa actualmente la Casa Rosada, que vio mermado su poder por la aterradora situación económica que heredó del gobierno “liberal” que lo precedió y luego por la crisis en que sumió al mundo la pandemia del Covid-19.

Estas familias, de las que casi todas se opusieron de manera tajante a la ley, centran su repudio en tres argumentos: 1) su carácter “confiscatorio”, ya que –dicen- si el Estado lo cobrara durante veinte años se quedaría con el 100 por 100 de sus patrimonios; 2) frena la inversión, ya que, al perder patrimonio, los que paguen deberán descontar la gabela de las sumas que tenían reservadas para expandir sus empresas y, finalmente, 3) que el Aporte Solidario es sólo un golpe punitivo contra los ricos, ya que la recaudación es baja con respecto a otros tributos.

Todos los argumentos son fácilmente refutables, ya que 1) en este caso, qué se podría decir del IVA o del Impuesto a las Ganancias, que afectan de manera permanente a lo que el Aporte Solidario afecta una sola vez. El segundo se desmiente solo. Quien invierte tiene en cuenta sólo las utilidades que rendirá en el futuro el dinero que depositó para ese fin. El último es sólo un planteo ideológico que huele a sofisma. Es absurdo adjudicarle al peronismo el surgimiento de todos los males del país, en la senda de los “70 años de decadencia”. Para peor, ninguna de las dictaduras que derrocaron a Perón primero y a su viuda, después, se destacaron por traer la prosperidad a la Argentina. En cuanto a los gobiernos prohijados por las dictaduras –los de Arturo Frondizi y Arturo Umberto Illia- y otros, como los que encabezaron Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri, estuvieron más cerca de la catástrofe que del éxito económico. Tampoco estuvieron ausentes los problemas en los gobiernos peronistas de Isabel Perón, Carlos Menem, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, pero no hay punto de comparación si se miden los resultados.

En todas partes se cuecen habichuelas

Hace pocos años, en 2015, para ser exactos, la socióloga francesa Monique Pincon-Charlot analizó la situación de las clases más ricas de Francia en el Canal France 2, que guarda bastantes similitudes con la situación en Argentina.

En uno de sus libros, escrito en colaboración con su marido, también sociólogo, Michel Pincon, publicado en 2010, llamado “Les Millionaires de la chance – Revé et Réalité” (Los millonarios de la suerte – Sueño y Realidad), la socióloga explicó en primer lugar que una frase del Papa Francisco definía con realismo la suerte de los trabajadores en estos tiempos: “los obreros han pasado de un status de explotados al de desechos”.

La exdirectora de investigación del Centre National de la Recherche Scientifique (Centro Nacional de la Investigación Científica) se preguntó después: “¿quiénes son los matones? En nuestro último libro decimos, son los defraudadores más ricos, que roban recursos fiscales al Estado francés. Decenas de millones de euros. Si pagasen sus impuestos a la altura de sus fortunas, ya no tendríamos un agujero en la seguridad social, ni déficit, ni deuda pública”.

Con respecto a la gran acumulación del dinero en pocas manos, al que ella define como uno de los problemas de este tiempo, la especialista advirtió que “hay 85 personas en la Tierra que concentran tantos recursos como la otra mitad del planeta. El año que viene serán 60. Vamos hacia una especie de infierno para las clases populares”.

Finalmente, la socióloga se preguntó por las razones de que estas cosas ocurran en democracia, estimando que “los oligarcas hoy ocupan todas las instituciones, como el Fondo Monetario Internacional, que no son instituciones elegidas democráticamente, que son instituciones creadas por los oligarcas para defender sus intereses a nivel mundial”.

Finalmente, Pincon-Charlot efectuó una severa advertencia ante la situación resultante de la toma de decisiones contrarias al interés de las mayorías: “el que siembra la miseria, cosecha la ira”.

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